El sector turístico en Canarias, como actividad empresarial, tiene una gran repercusión en el empleo de la Comunidad Autónoma. Su importancia es tal que este hecho supone que el sector de alojamiento turístico esté compuesto por unas novecientas sesenta empresas, que dan ocupación a casi treinta mil trabajadores. Para ser exactos, y utilizando las cifras de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, hablamos de veintisiete mil novecientos ochenta y ocho empleados a final de 2015.

Además, también habría que sumarle los datos que genera el sector de la restauración, compuesto por cinco mil ciento setenta y siete empresas, las cuales emplean a treinta y seis mil trescientos ochenta y dos trabajadores, lo cual totaliza una cifra aproximada de seis mil ciento treinta y siete empresas y más de sesenta y cuatro mil trabajadores.

Todas estas cifras sumadas, dan una visión global de lo que el sector turístico aporta a la empleabilidad, nada menos que un 21 por 100 del empleo en la provincia de Las Palmas, de una cifra total de trescientos cinco mil trabajadores. Una cifra nada desdeñable, enormemente significativa y de suma importancia para la economía global de la región. No se puede obviar que nuestro sector resulta esencial en la economía, y es innegable por tanto, el impacto que genera esta circunstancia en el entramado económico y laboral de nuestra provincia.

El empresariado turístico afronta requerimientos continuos por parte de la sociedad sobre la exigencia de asumir un mayor número de trabajadores y liderar la creación de empleo. Esta obligación, que no resulta nada fácil administrar, ya está en nuestro ánimo y la asumimos como desarrollo propio del sector.

Las circunstancias actuales de incipiente recuperación económica y de incremento de visitantes, pueden dar una falsa impresión de que estamos ante una situación estructural permanente, donde el sector alojativo debe hacer un mayor esfuerzo en incrementar las plantillas de sus empresas. Incluso se vería obligado a asumir la recuperación de otros sectores en crisis, como la construcción, el sector primario o el industrial. Asimismo, asistimos a propuestas que tratan de implantar un porcentaje de empleo mínimo en las empresas de alojamiento turístico (que no de plantilla fija). Los criterios aún no se conocen porque en estos momentos este debate está abierto y, al parecer, la opinión pública y algunos grupos políticos, demandan una solución en tal sentido. Las empresas conocen e implantan ratios de plantilla perfectamente estudiados y conforme a la Ley, por lo que demandamos prudencia, reflexión y rigor ante propuestas de este calado.

La inestable situación de los mercados competidores como Túnez, Egipto, Turquía, etc. está haciendo que el sector absorba buena parte de su demanda. Pero insistimos en que es una situación transitoria, no estructural, y no se pueden hacer políticas expansivas sobre la base de una situación de inestabilidad internacional, cuyo efecto puede desaparecer de forma repentina. El sector ha cumplido su papel, pese a la rigidez del mercado laboral y a las controvertidas interpretaciones que nuestros tribunales hacen de la normativa laboral. Fruto de ello ha sido la incorporación al mercado laboral de casi diez mil trabajadores más en nuestra provincia, con un esfuerzo, además, continuo para su formación en lo que la FEHT lleva ya más de 20 años involucrada.

La formación, tanto la ocupacional, como la continua, es imprescindible dada la, en ocasiones, baja cualificación de los desempleados y esto tiene importantes consecuencias a la hora de hablar de movilidad laboral intersectorial. Sin cualificación, las oportunidades de acceso a un puesto de trabajo propio o por cuenta ajena disminuyen de forma importante. Ésta es una labor por la que también las administraciones públicas canarias, con responsabilidad en el empleo, deben hacer mayores esfuerzos.

La creación de empleo que tanto necesita Canarias, sólo se producirá cuando haya un crecimiento importante y sostenido en el tiempo de nuestro PIB. Las leyes por sí solas no crean empleo. Sí lo crea la inversión, la estabilidad económica, la confianza y el acceso al crédito. Y lo crean además las empresas, no las administraciones públicas.

Por tanto, mientras no se decida actuar firmemente sobre estas variables, seguiremos sufriendo los altibajos de una economía débil y poco productiva. Nos parece injusto y muy poco acertada la crítica abierta y sin fundamento que se está vertiendo sobre el sector turístico canario por parte de diferentes colectivos institucionales y sociales.

Hemos oído algunas declaraciones que consideramos no se ajustan a la realidad y aprovechan el intento de polémica abierto desde el propio Gobierno de Canarias. Queremos manifestar que la contratación en el sector de hostelería se lleva a cabo bajo un cumplimiento estricto de las condiciones laborales que determina la normativa vigente y con la supervisión de las autoridades laborales y de los propios sindicatos, a través de los representantes de los trabajadores en las empresas. Conviene también recordar que los convenios colectivos en Canarias establecen un porcentaje de plantilla fija del 60%, porcentaje que muchos superan y que mantienen, sea cual sea el nivel de ocupación y de los resultados de la temporada turística.

Al hilo de lo expuesto, se ha creado una polémica artificiosa y tendenciosa, por algunas declaraciones poco afortunadas, y la aprobación por parte de la mayoría de los miembros del parlamento de Canarias de una Proposición no de Ley relativa a la actual situación laboral de las camareras de pisos, al respecto de lo cual es necesario aclarar algunos puntos:

En primer lugar, afirmamos que, si hay un colectivo especialmente cuidado y protegido en nuestras empresas de alojamiento turístico es precisamente el de las camareras de pisos, demostrado a lo largo del tiempo con las mejoras, que juntamente con los sindicatos hemos introducido en el convenio de hostelería. Por otro lado, es común a la hora de referirse al "problema de las camareras de pisos" la omisión de datos esenciales que contradicen la precaria situación laboral del colectivo. Es conocido que su trabajo es duro, como lo es también el de otras profesiones de parecida naturaleza. Pero eso no quiere decir que haya una relación causal entre el ejercicio de dicho trabajo y la situación de explotación que se viene denunciando con cierta habitualidad.

En la provincia de Las Palmas su situación está muy alejada de esta polémica, ya que su nivel salarial supera en muchos casos al de otros colectivos. En nuestro convenio tienen reconocidos unos derechos que superan en mucho a los establecidos en el propio Estatuto de los Trabajadores, contando prácticamente con 48 días de vacaciones, licencias y permisos remunerados, manutención a cargo de la propia empresa y tiempo mínimo garantizado para comer, entrega gratuita de uniforme, en muchos casos servicio de transporte a cargo de la empresa, garantía de su nivel salarial en caso de incapacidad temporal, todo ello sin contar con la formación que las empresas ofrecen a las trabajadoras, en ocasiones impuesta por el propio convenio colectivo, y por lo general, con la finalidad de que sus cargas de trabajo se vean disminuidas, o al menos repercutan lo menos posible en la salud de la trabajadora. Los estudios ergonómicos son obligatorios en las empresas, donde se analizan de forma minuciosa las condiciones en que las trabajadoras prestan sus servicios y posibles soluciones correctoras; planes de igualdad, contra el acoso laboral, etc.

La patronal hotelera no es ajena a la situación de las camareras de pisos, como tampoco lo es a la del resto de los trabajadores del sector. Solamente desde la ignorancia, la mala fe y la utilización intencionada de los medios de comunicación puede llegar a resultar comprensible manifestaciones como las que se vienen vertiendo al respecto. En todo caso estamos totalmente de acuerdo en que las empresas que no cumplan con lo establecido en la normativa laboral y el propio convenio, sean denunciadas ante la autoridad competente y nosotros mismos, como patronal del sector, nos comprometemos a coadyuvar en las denuncias que se puedan producir.

No son pocas las dificultades que tienen las empresas para incrementar sus plantillas, sino ya para mantenerlas. La dureza y rigidez de la legislación en la contratación y condiciones de empleo no hacen sino retraerlas por la dificultad de readaptar la plantilla cuando las condiciones no son propicias. Y siempre evitando aplicar los temidos Expedientes de Regulación de Empleo.

Abogamos por que las instituciones judiciales de ambas provincias contribuyan a crear un clima de seguridad e igualdad en sus resoluciones, más si cabe teniendo convenios colectivos casi idénticos. Desde la FEHT estamos tratando de elevar el mensaje de que en Canarias hay estacionalidad, una clara y evidente estacionalidad, no al estilo de Baleares, donde los establecimientos de alojamiento cierran durante el invierno. La nuestra es mucho más favorable permitiendo mantener plantillas durante la temporada baja (de abril a octubre).

Pero para que la empleabilidad en el sector sea una realidad palpable es necesario una mayor involucración de las administraciones públicas en la formación de los trabajadores y de los desempleados, que haga a las empresas atractiva la contratación y la promoción laboral de los que tienen en sus plantillas.

Por último, consideramos de vital importancia la aplicación de políticas de empleo adecuadas a la realidad de las empresas, reconociendo la estacionalidad del sector, como base para la adopción de medidas de fomento de la contratación. La seguridad jurídica en torno a la interpretación de los tribunales de nuestra normativa laboral permitirá a las empresas tener un instrumento más eficaz para propiciar la estabilidad de sus plantillas.