El artículo 66 de la Constitución Española proclama que "las Cortes Generales representan al pueblo español" y entre otras funciones "controlan la acción del Gobierno".
Atención al detalle: en nombre del "pueblo español", las Cortes controlan lo que hace el Gobierno. No lo dice una ley ordinaria, ni una sentencia del Tribunal Constitucional, ni una homilía del Cardenal Primado; lo dice la Constitución, ésa a la que el PP se refiere día sí, día también, como fuente de toda sabiduría y como límite y frontera que detiene cualquier veleidad. Lo vemos estos días, cuando repiten hasta la afonía que no van a pactar con quienes están dispuestos a pactar con quienes se quieren salir del tiesto constitucional. Vade retro.
Sacrosanta Constitución, dictada por alguna divinidad no especificada, grabada con letras de fuego sobre tablas de piedra como las de Moisés, adorada como se adora la verdad revelada, como las religiones del libro adoran sus textos fundacionales hasta lapidar quienes dudan, los relativizan o los desafían heréticamente. Inmaculada Constitución, ora pro nobis.
Pues la sacrosanta Constitución determina que el legislativo, es decir, las Cortes, "controlan la acción del Gobierno". No dice "excepto cuando es un gobierno en funciones". No prevé excepciones a la regla. Pero Mariano Rajoy y su vicepresidenta -oráculo de interpretaciones legales y guardiana de ortodoxias- se consideran más allá de dicha obligación. ¿Por que? Porque están en funciones y porque gobiernan por mandato de los diputados anteriores. Podrían decir que porque llueve. Es una interpretación retorcida para saltarse una obligación clara y transparente.
En diciembre los ciudadanos decidieron que Rajoy perdiera la mayoría absoluta. Podría ser que no hubiera nuevo gobierno hasta septiembre, si se repiten elecciones. ¿Nueve meses con un gobierno insumiso a las Cortes, un gobierno descontrolado? Esto no es sólo dudosamente constitucional: también es contrario al sistema parlamentario y al sentido común.
