Tras el punto muerto, o impasse, en que parece encontrarse la vida política española tras debates de investidura y siguientes negociaciones que no acaban de fructificar, pudiera ser útil buscar una perspectiva más amplia para intentar entender la situación actual. Es preocupante que no haya habido acuerdo entre los partidos políticos para constituir una mayoría parlamentaria suficiente que posibilitara un Gobierno estable. Pero estar un tiempo sin Gobierno, siendo grave, no es de los mayores males que pueden aquejar a un país, como puede verse en los ejemplos de Italia o Bélgica, condenados con frecuencia, en el pasado reciente, a la inestabilidad política. Más peligroso, por su carácter de irreversible, podría resultar el anuncio -en pleno debate de investidura- del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña de romper las última amarras con el Estado español: "Por suerte", anunció Joan Tardá, "nosotros nos vamos".
El vertiginoso ascenso de la opción separatista en Cataluña, en muy pocos años, según las encuestas de opinión pública, desde un 10% hasta por encima de un 40%, actualmente tiene, sin duda, muchas causas, no siendo la menor la incidencia de las políticas educativas y lingüísticas seguidas en el Estado y en Cataluña en los últimos tiempos.
La llamada minoría catalana ha tenido siempre muy claro, en todas las discusiones sobre los sucesivos estatutos, que el nudo gordiano de los debates con el Gobierno central estaba en la enseñanza y en la política lingüística. En los proyectos de Estatuto, desde 1919 en que Romanones despachó el problema con una larga cambiada -dicho en términos taurinos-, hasta el actual Estatuto de 2006, pasando por el proyecto llamado Estatuto de Nuria, de 1931, y los estatutos de 1932 y 1979, siempre los representantes de Cataluña aspiraron a administrar "l'ensenyament en tots el seus graus i ordres" (art. 13 a del proyecto de l'Estatut de Nuria). Como Arquímedes, también tenían la convicción de que con un punto de apoyo firme podrían mover el mundo. Ese punto de apoyo es la educación.
Hay un tópico que sostiene que los españoles, en general, no valoramos debidamente la educación. José Antonio Marina lo repite con frecuencia. Una muestra de ese desdén por la enseñanza podría ser que el problema educativo que más trasciende a la opinión pública es el del rechazo hacia los deberes escolares que los niños llevan para casa. Aunque pueda haber algún maestro que se exceda con los deberes, en el fondo subyace la creencia, muy española, de que es mejor para la salud tomar el fresco o jugar a la pelota que el estudio y la lectura, que bastante trastornaron ya al famoso hidalgo manchego. Pero no siempre los representantes del Estado que dialogaban con la minoría catalana minusvaloraban la importancia de la enseñanza. En los debates del Estatut de 1932, los parlamentarios que defendían los intereses del Estado conocían y amaban la educación no menos que los representantes de la Generalitat. El 13 de mayo pronunció Ortega en las Cortes la célebre frase de que "el catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Significo con ello no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles". La minoría catalana propone un art. VII, en el que reclama la atribución a la Generalitat de la enseñanza "en todos los grados y órdenes". La respuesta de Ortega es: "Lo que no puede hacer el Estado es abandonar su lengua en ninguno de los órdenes, y menos en el universitario. Y lo que se proponen los catalanes con este artículo es minar las facultades del Estado". Además, solicita Ortega al Gobierno y a las Cortes que "no abdiquen de su autoridad para reformar el Estatuto cuando fuera necesario". Para Unamuno debe ser "obligatorio el estudio de la lengua castellana, que deberá emplearse como instrumento de enseñanza en todos los centros de España. La Generalidad podrá, sin embargo, organizar enseñanzas en su lengua regional, pero el Estado mantendrá en Cataluña las instituciones de enseñanza de todos los grados".
Para Azaña, "la mayor desgracia para un ciudadano español sería atenerse a su vascuence o su catalán y prescindir del castellano".
El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 fue aprobado por las Cortes el 9 de septiembre, siendo firmado por Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, el 15 de septiembre en San Sebastián. Aunque las aspiraciones de los nacionalistas catalanes, expresadas en el proyecto conocido como Estatuto de Nuria, habían quedado limitadas durante su tramitación parlamentaria, ya que se eliminaron las referencias a la autodeterminación, los impuestos directos siguieron siendo competencia exclusiva del Estado y el catalán fue declarado cooficial, al lado del castellano, Cataluña alcanza un Gobierno autónomo y un Parlamento propio, con competencias compatibles con las que corresponden al Estado en la Constitución de 1931. A pesar del fragor de cuatro meses de intensos debates parlamentarios, cuando Azaña, como jefe de Gobierno, acude a Barcelona a presentar el Estatuto fue recibido con una gran ovación. El 5 de abril de 1938, nada más ocupar Lérida, el general Franco declara derogado el Estatuto de Cataluña, según él, "en mala hora concebido". El nivel intelectual de los debates parlamentarios en la discusión del Estatuto de Cataluña de 1932 no volvió a ser alcanzado en la tramitación de los estatutos posteriores, y las argumentaciones allí expresadas por Unamuno, Ortega y Gasset, Azaña y otros parlamentarios tienen aún hoy plena vigencia.
