En 1970 empecé mis estudios universitarios en la Universidad Politécnica de Madrid. Mi catedrático de Catastro, D. Fernando Borrego, a la sazón igualmente director de la parte Catastral del Instituto Geográfico y Catastral, como se llamaba entonces el Instituto Geográfico Nacional, ya nos decía entonces que se tenía que tender hacia una coordinación entre los Notarios, Registros de la Propiedad y Catastro si se quería tener un verdadero catastro que mostrase la realidad de España.
Pues bien, han pasado años de aquel entonces y parece que la visión del Sr. Borrego se ha plasmado, por fin, en la realidad: el 1 de noviembre entró en vigor la reforma de la Ley Hipotecaria del 46, por la cual prácticamente todas las variaciones que se produzcan en una propiedad inmobiliaria, menos en la urbana que en la rústica, ya sean ventas, compras, variaciones de superficies, segregaciones, particiones, etc, tendrán que ir, aparte de los documentos por escrito, como son escrituras, contratos, etc, acompañadas de una representación gráfica, es decir, un plano, ejecutado por técnico competente en la materia, y con una serie de condicionantes técnicos que hacen que efectivamente sean realizados por este tipo de técnicos, ya que en las propias directrices de la Dirección del Catastro, se dice, que igualmente lo pueden realizar los interesados, es decir, el dueño de los terrenos, pero que dadas las características técnicas que han de acompañar, será mejor que las encarguen a técnico competente, a menos que el dueño lo sea.
Esta documentación técnica ha de ser incorporada a los archivos de los Registros de la Propiedad, no como antes que generalmente no admitían planos, como si fuese un documento más del Registro, y ha de ir en una serie de formatos y archivos informáticos que garanticen que la propiedad registrada con estos valores sea única.
Ante esto, hace unos días ha tenido lugar una reunión de la Gerencia del Catastro de Las Palmas con miembros del Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía con el fin de coordinar todas estas variaciones y poder ponerlas en marcha, aunque entró en vigor el 1 de noviembre, lo antes posible.
A esa reunión asistí y la impresión que saqué de la misma es la siguiente: la Ley se ha puesto en marcha, pero a los de Catastro les ha cogido, no así al gerente, un tanto fuera de juego. Ejemplo: a principios de enero, me presenté con una abogada de unos clientes, a gestionar la nueva presentación de un trabajo, y la funcionaria que nos atendió no tenía ni idea que la ley había entrado en vigor el 1 de noviembre. Su primera noticia se la dimos nosotros.
El retraso que hay ahora en catastro es de prácticamente un año y medio: hoy en día se están cerrando expedientes de 2014 y aun no se ha empezado con el 2015.
¿Qué quiere decir esto?
Pues muy sencillo: que mucha actividad económica quedará parada o retrasada, si no lo está ya, dado que para que una propiedad pueda ser inscrita en el Registro de la Propiedad, han de coincidir las descripciones del terreno, y sobre todo su superficie, pero exacta, con los datos del catastro, y la realidad nos señala, tras más de cuarenta años de trabajo y experiencia, que prácticamente nunca, por no decir nunca, coincide la realidad, la escritura de compra, el registro y el catastro, y ha de ser coincidente, con lo cual si aún no se ha empezado con el 2015, ¿ cuándo se empezará con el 2016, y ya con la nueva normativa?
Basta decir que en una posible promoción que se quiera hacer, ya sea hotelera, de viviendas, etc, o simplemente una vivienda unifamiliar, los bancos dan garantías a la propiedad sobre el suelo escriturado y registrado a su nombre, cuando esto no se va a poder producir, en no menos de un año, y si las cosas van bien.
La verdad es que uno entra en las magníficas instalaciones del Catastro en Las Palmas y aquello se ve claramente desaprovechado, hay espacio y faltan funcionarios, pero a mansalva, para poder sacar adelante aquello. Durante muchos años y por mi trabajo en el Cabildo de Gran Canaria, he tenido que acudir a dichas oficinas y tratar con técnicos de la casa, y cada vez que iba les veía inundados de expedientes por todos lados y desde luego no les envidiaba en absoluto, ya que claramente se les veía y hoy en día más, totalmente desbordados y con la entrada en vigor de la reforma de la ley Hipotecaria, aún más.
Por el bien de todos, la Delegación del Gobierno, la Delegación de Hacienda de Canarias, las instituciones públicas canarias, ya sean Gobierno, cabildos o ayuntamientos, así como asociaciones empresariales y contribuyentes, han de exigir al Gobierno de España, que se incremente notablemente el número de funcionarios, tanto técnicos como administrativos para poder sacar esto adelante y que no se paren, ya no solo inversiones, sino incluso la simple herencia de unos padres hacia sus hijos.
Todo ello llevará, sin duda, a una mejor protección y garantía de la propiedad, y a una mejor recaudación, como diría Hacienda y a un mejor y más rápido desarrollo.
(*) Ingeniero técnico en topografía
