El sistema de protección social del que gozan los canarios será insostenible si no aumenta el crecimiento. De no mejorar la situación económica, el llamado Estado del bienestar peligra. En Canarias en particular, porque la inactividad sitúa a la comunidad autónoma en los puestos de cola en España, y no es una situación excepcional -de tan corriente ya hasta parece normal- y de continuar las cosas así puede que más pronto que tarde no haya recursos suficientes con los que sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales. Más aún si se acrecienta la falta de relevo generacional y laboral con el que pagar las prestaciones en un territorio joven pero en donde la proyección del Instituto Nacional de Estadística revela que de continuar la tendencia en los próximos años habrá más habitantes de más de 65 años en las Islas que menores de 15 años . El debate está de plena actualidad. Un asunto de suma importancia pero al que nadie decide hincarle el diente.

Algunos economistas españoles empiezan a asegurar sin remilgos que, a pesar de la recuperación y un crecimiento cercano al 3%, el sistema fiscal español es incapaz de recaudar lo necesario para financiar el Estado del bienestar. Y eso que, por ejemplo, en el caso de Canarias nunca Hacienda había exprimido tanto dinero en su lucha contra el fraude: casi 300 millones, una cifra récord que supone un 73% más que hace solo cuatro años. Solo los ingenuos creen que acabar con el fraude basta para remediarlo. Y todo puede empeorar, con el riesgo de una nueva crisis global en ciernes. Una verdad impopular e incómoda. Por eso la clase política canaria y española, nueva y vieja, de derechas y de izquierdas, nacionalista o no, mira para otra parte. Allá al que le toque la mala suerte de lidiar con el asunto cuando estalle.

Los números son claros y están al alcance de cualquiera. El Estado español, a pesar de haber reducido en un 11% el déficit público con los recortes y eso tan criticado y amargo que llaman austeridad, sigue gastando el 12% más de lo que ingresa: 51.000 millones de euros. Traducido a términos domésticos, es como si una familia con un salario de 1.000 euros precisa de 1.230 para vivir. Emprende un plan de ahorro y ajusta sus necesidades en 110 euros. Todavía le faltan otros 120 para cuadrar las cuentas cada mes.

Para mantener el país en funcionamiento, pagar a los funcionarios, cumplir con las pensiones, abrir las escuelas, sostener los hospitales, asistir a los desfavorecidos, hay que recurrir al préstamo. La factura del endeudamiento público produce vértigo. Alcanza por primera vez en la historia el 100% de la riqueza nacional de un año, a pesar de que partidas como las destinadas a la educación o la sanidad menguaron el 15%. ¿Puede un Estado o un hogar subsistir indefinidamente del crédito sin colapsar? Asumir que para destinar dinero a algo hay primero que recaudarlo o quitarlo de otro destino no es una opción, sino un imperativo elemental fácil de entender. Seguir engordando la bola hasta que reviente sólo complicará el problema.

A nivel autonómico ocurre algo parecido. Las autonomías cerraron el año anterior con una deuda de 261.268 millones, el 24,3% del PIB. Sin embargo, la diferencia entre el volumen de deuda entre comunidades es abismal. Canarias cerró el pasado año con una deuda récord de 6.649 millones de euros, el 15,7% del producto interior bruto (PIB) isleño, y aunque supone una cifra abultada viene a ratificar, con todo, la solvencia financiera de la Comunidad Autónoma, al tiempo que confirma el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y contención del gasto a los que se llegó con Madrid y Bruselas en 2012. El Archipiélago es la tercera región con menos deuda en relación a su PIB -solo Madrid (13,6%) y País Vasco (14,4%) mejoraron ese registro- mientras que en deuda por habitante el Archipiélago está a la cabeza de las que menos deben.

Aún siendo una comunidad más cumplidora y austera que las demás es una cantidad de deuda que habrá que devolver con sus correspondientes intereses a riesgo de sacrificar a las generaciones venideras. La educación, la sanidad y los servicios sociales suponen el 80% del Presupuesto canario. 4.957 millones van para la dotación de servicios públicos esenciales, de los que 2.953 millones son para Sanidad y Acción Social, 1.500 millones a Educación y 504 a las corporaciones locales. O cambia el panorama o probablemente más temprano que tarde habrá que decidir entre replantearse servicios o dejar de pagar deuda. Ambas opciones son dramáticas e igual de perjudiciales.

La excusa de que poco o nada puede hacerse desde las comunidades por la economía no sirve. Sin impulsar mejoras, cada administración y cada particular de forma acorde a su escala, su capacidad y competencias, las prestaciones conquistadas en estos años penden de un hilo. Como también peligran las pensiones, con un agujero en la Seguridad Social de 15.000 millones de euros. Las personas que se jubilen de aquí a 2050 van a ver reducidos sus ingresos en un 35% respecto a quienes lo hicieron antes de la entrada en vigor de los recortes, según cálculos de un reciente estudio bancario. De hecho, los nuevos pensionistas canarios ya cobran menos que los que se jubilaron hace un año.

A Canarias otra recesión global la pillaría en las peores condiciones. Mientras, todo el mundo hace como si no oyera. Algunos prometen subsidios varios, sin explicar con cargo a qué peculio, para satisfacer a la clientela de la que precisa apoyo parlamentario. Es sin embargo un debate candente en Europa, agudizado por la llegada de refugiados. Cameron, en Gran Bretaña, plantea recortar prestaciones. No da para todo. Suecia y Dinamarca, países igualitarios y a la vanguardia en ayudas, abogan por fijar límites.

Se necesitan líderes que estudien los asuntos espinosos a fondo y decidan lo mejor para el interés general aunque resulte ingrato. Esos son los buenos. Para eso les paga el contribuyente. Los dirigentes de hoy asumen encantados los liderazgos folclóricos e intrascendentes y rehúyen mojarse en los serios: "Eso tienen que decidirlo los ciudadanos", argumentan ante los asuntos de enjundia para escurrir el bulto de manera irresponsable. Por eso las advertencias valientes, que no buscan regalar los oídos, merecen ser destacadas y tomadas muy en serio. Sirven de mucho aunque corran malos tiempos para la profundidad, la reflexión, la ponderación y la ecuanimidad. Agitan a la sociedad aletargada. Obligan a pensar. Estimulan el sentido crítico. Y, sobre todo, desenmascaran a los manipuladores oportunistas y populacheros, jóvenes y veteranos, que trafican en su provecho político con los sentimientos de tanta gente que lo está pasando mal y sufre mucho.