Dos responsabilidades básicas emergen con respecto a la gestión pública de los cascos históricos de las ciudades: el deber conservacionista y el reto de que los mismos sean un eslabón más para el progreso económico de las urbes en las que se asientan. A partir de estos parámetros inevitables corresponde a las instituciones mantener un delicado equilibrio, de manera que el exceso de historicismo no afecte a la rentabilidad del área afectada, ni que el objetivo economicista provoque daños irreparables en bienes inmuebles con siglos de vida. O sea, la destrucción del patrimonio.

A este contexto, ensayado ya en la mayoría de las capitales europeas, responde el contenido del Plan Especial de Protección (PEP) de Vegueta-Triana, y que pretende sustituir al Plan Especial de Protección y Reforma Interior de 2001. El documento, pendiente de aprobación, modula el proteccionismo exacerbado de sus precedentes normativos, e incorpora usos y alturas que tienen por objetivo la renovación del casco histórico. Esta iniciativa no podría salir adelante sin estímulos para la propiedad, que en muchos casos ha visto caer sus inmuebles al no poder dedicarlos a la restauración, hotel o apartamentos. En este sentido, destacan las adaptaciones en puntos tan neurálgicos como San Bernardo, cuyo Palacete, en un época sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, obtiene un uso residencial. O bien, el edificio de Correos, en Primero de Mayo, que podrá convertir en viviendas sus pisos superiores. Son sólo dos ejemplos de la contribución del nuevo PEP a la dinamización empresarial del municipio.

Frente a la tónica de años de bloqueo o de expedientes tortuosos para proceder a descalificaciones puntuales para renacer o morir, sin ir más lejos la ampliación del Teatro Pérez Galdós, el plan municipal, en fase de divulgación, sistematiza y desburocratiza. La iniciativa privada ha chocado contra un muro de obstáculos, hasta el punto de desistir en su empeño por objeciones técnicas imposibles de superar. Cada inmueble tiene su singularidad mínima a respetar, pero algo falla al poderse constatar el abandono que muestran casonas señeras de las principales vías de Vegueta-Triana, muchas de ellas deshabitadas y a punto de la ruina por falta de mantenimiento. A partir de ahora sus propietarios disponen de una herramienta legal para darles un nuevo destino.

Pero la liberalización modulada del casco histórico de la capital conlleva otro asunto medular. Se trata de la vigilancia y aplicación extrema de la norma: el aperturismo no puede ser sinónimo de aprovechamiento especulativo. El Ayuntamiento debe ocuparse con el desembarco del nuevo PEP en formar al personal adecuado para que se proceda al buen cumplimiento, y que lo que finalmente se pueda palpar en la realidad corresponda con el permiso evacuado por el departamento de licencias.

Sería imperdonable que la piqueta se ponga a hacer de las suyas, con gran perjuicio para los valores patrimoniales y culturales. Innumerables y explícitos para una arquitectura y un urbanismo que viene a ser la antesala del dominio español en los territorios de América. O bien la representación de una burguesía mercantil que encuentra su máxima expresión en el modernismo de las fachadas de Triana. O que incorpora lenguajes de nuevo cuño, como queda patente en el racionalismo de la sede del Cabildo Insular de Gran Canaria en la calle Bravo Murillo. Sobre este amplio espectro no tiene más remedio que velar la Corporación. Y debe hacerlo desde su apuesta por articular un modelo de actuación sinérgico, coadyuvador, flexible y con ambición futurista.

El planeamiento de una ciudad y las ciencias sociales son inextricables. El PEP es prolijo en datos sobre las tendencias de la población, además de disponer de indicadores suficientes para conocer el efecto llamada que tiene para los locales de ocio el área Vegueta-Triana. El temor a una expansión del botellón se calibra, como también la saturación de terrazas en determinadas zonas peatonales. Al respecto resulta positiva la apuesta del documento por promover comercios tradicionales en los bajos de la viviendas. El estímulo llega tarde: las franquicias extienden su dominio, y como consecuencia de ello desaparecen modelos culturales muy unidos a la historia al casco antiguo. La extinción de los mismos, en caso de no revertirse, afectará al flujo turístico de las calles de Triana-Vegueta; un ir y venir cuyas apetencias basculan entre las preferencias por el caudal identitario (arquitectura, comida y rutas) y las visitas a los museos.

El Plan Especial de Protección, como es obvio, no pierde la oportunidad para enfrentarse a otra asignatura pendiente: la peatonalización. En este capítulo muestra sus preferencia por la creación de aparcamientos disuasorios (cerca del Hospital San Martín y en la calle Francisco Gourié) para desatascar el tráfico interior. Una medida complementaria de otra de mayor calado e inversión, pendiente de financiación, pero que se erige como la verdadera pieza maestra de este documento realizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el enlace de Las Rehoyas con El Batán a través de un túnel que desemboca en la montaña de San Francisco, y que enlaza con la Circunvalación capitalina.

Este arco viario viene a ser el balón de oxígeno para calles como Buenos Aires, Viera y Clavijo o Bravo Murillo, sometidas a diario a una importante presión automovilística. De la realización de esta carretera, presupuestada hace años en más de nueve millones de euros, dependen las promesas de peatonalización más relevantes del nuevo marco legal del casco histórico. Por tanto, cabe hablar de papel mojado en el caso de que el tripartito municipal de Augusto Hidalgo no intensifique su empuje sobre el Gobierno canario y el Cabildo para la consecución de la vía.

Pero no es la única consecuencia. De la existencia o no de esta conexión que tanto beneficiaría al casco histórico depende también la supresión o no del antiguo tramo de autovía del Guiniguada. Los cuatro carriles que dividen Triana de Vegueta son un símbolo del desarrollismo desaforado, y la desaparición de los mismos, su conversión en área de esparcimiento ciudadano, constituye la superación de un verdadero estigma. Tanto es así que su sostenimiento en el tiempo redundaría en la creencia de una vocación urbanística fallida por parte de políticos y técnicos.