Por fin gracias a Greenpeace hemos podido enterarnos de lo que tan poco democráticamente han intentado ocultarnos hasta ahora a los ciudadanos sobre el polémico tratado de comercio e inversiones que negocian en secreto Washington y Bruselas.
Ahora sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos ha recurrido a lo que parece un chantaje al negarse a retirar sus aranceles a las exportaciones europeas del sector del automóvil si Bruselas no acepta a su vez la entrada en territorio comunitario de sus productos agrarios, sobre todo transgénicos, que la UE ahora rechaza, acogiéndose al principio de precaución.
También nos enteramos que nos han estado confundiendo hasta ahora algunos políticos al decirnos que el tema del arbitraje privado para dirimir los eventuales conflictos en materia de inversiones entre las multinacionales y los Estados se había resuelto prácticamente al haber aceptado finalmente Washington un modelo público de resolución de disputas.
De los documentos a los que han tenido acceso los medios alemanes, entre ellos también las emisoras públicas WDR y NDR, se desprende que los negociadores estadounidenses no aceptan las principales exigencias europeas: el recurso a tribunales públicos y no a arbitrajes privados.
Algo que no se sabía hasta ahora es que Washington ha hecho una contrapropuesta en la línea del anterior acuerdo TPP firmado por EEUU con once países del Pacífico por la que se aceptarían arbitrajes más transparentes - se podrían seguir las negociaciones incluso en internet- y con posible participación de la sociedad civil.
Pero los árbitros seguirían siendo privados y tampoco se atendería la exigencia europea de que el perdedor de la disputa pudiese interponer recurso. Ante la intransigencia estadounidense, Bruselas amenaza al parecer con eliminar la "i" de inversiones del tratado y dejarlo sólo en comercial.
Ello significaría que las empresas no tendrían derecho a una protección especial como pretenden en las disputas que pudiesen surgir con un Estado por considerar que una determinada ley laboral, medioambiental o de otro tipo aprobada democráticamente afecta negativamente a sus intereses comerciales o a sus expectativas de ganancias.
Algunos eurodiputados como Sven Giegold, de los Verdes alemanes, consideran que lo que pretende Estados Unidos, que nunca ha perdido una disputa de ese tipo, atenta contra el propio proceso democrático. "No tiene sentido, explica, firmar un acuerdo de comercio e inversiones si el precio político a pagar supera sus supuestos beneficios económicos".
Igualmente grave desde un punto de vista democrático es cómo los Estados Unidos trata de aprovechar la importancia que tiene para Europa el sector del automóvil y la capacidad de presión de esa industria sobre los negociadores comunitarios para intentar arrancar importantes concesiones en algo que interesa especialmente a aquel país: las exportaciones de productos agrarios.
Estados Unidos ha ofrecido eliminar totalmente los aranceles a las importaciones de automóviles europeos si Bruselas acepta a cambio suprimir a su vez los obstáculos de la UE a los alimentos transgénicos o la carne hormonada, que son productos de consumo masivo en aquel país pero a los existe fuerte resistencia entre los europeos.
Los documentos de la negociación obtenidos por Greenpeace y a los que ha tenido acceso el diario Süddeutsche Zeitung - que ocupan un total de 240 páginas- muestran el interés de Washington en socavar el principio de precaución europeo, lo que significa en la práctica que los gobiernos europeos no podrían prohibir un determinado producto a menos que existiesen suficientes pruebas científicas sobre su nocividad.
Estados Unidos considera que el principio de precaución, que permite prohibir productos o tecnologías respecto de los cuales existen sospechas fundadas de que suponen un riesgo para la salud pública o el medio ambiente, es sólo una barrera no arancelaria al comercio internacional.
Los negociadores norteamericanos quieren sustituirlo por lo que llaman "principio científico", pero todo el mundo sabe cómo muchos de los supuestos estudios científicos, como los que tratan de dar por buenos los productos transgénicos, no son en realidad independientes, sino que han sido encargados por la propia industria.
Hasta ahora en la UE se ha tenido especial cuidado en etiquetar los productos en cuya composición entran organismos transgénicos, algo que rechaza Washington, que lo considera también una barrera comercial, además de una complicación burocrática.
Ocurre además que los norteamericanos se proponen lanzar en los próximos años al mercado nuevos herbicidas y otros productos de uso agrícola o en ganadería, por lo que tienen un interés especial en ese capítulo.
Otro asunto muy polémico es lo que se ha dado en llamar "cooperación reguladora", que las organizaciones de la sociedad civil consideran también un intento de las grandes empresas multinacionales de anteponer sus intereses a la protección de los consumidores y del medio ambiente.
Los negociadores de ambos lados del Atlántico quieren no sólo eliminar barreras comerciales, sino impedir que puedan en el futuro crearse reglas y estándares en esas materias sin que se presenten antes a consideración de la otra parte por si tiene algo que objetar.
Eso significa en la práctica que los norteamericanos o los europeos tendrían que consultarse mutuamente cuando una de las dos partes se dispusiese a adoptar una nueva directriz o norma para proteger a los consumidores por si constituyese a ojos de la otra una barrera comercial encubierta.
Las dos legislaciones presentan actualmente muchas diferencias entre sí: por ejemplo, la UE prohíbe el uso de 1.328 substancias químicas en la industria cosmética por sospechas de sus posibles efectos cancerígenos mientras que, según las organizaciones de defensa de los consumidores norteamericanas citadas por el "Suddeutsche Zeitung", en EEUU sólo se prohíben 11 substancias.
Como señala el diario muniqués en un editorial, el TTIP no es sólo un asunto de "economía y eliminación de barreras comerciales", sino que se trata de cuestiones más trascendentales que afectan al futuro del Estado de derecho y a la democracia".
Entre otras cosas, porque está previsto que el tratado lo sigan desarrollando comités de expertos de una parte y otra cuya tarea será velar para que los Parlamentos de los países a ambos lados del Atlántico no aprueben leyes que lo contradigan. Un riesgo muy serio para la democracia.
