Quienes creemos en las personas, en sus derechos, en la igualdad, en la capacidad de transformación y aprendizaje, y en el papel de las instituciones, sentimos que se está fracasando en las políticas de menores.

Muchos son los factores que pueden incidir para que en una familia, los menores a su cargo entren en el circuito del riesgo. Pueden ser factores relacionados con la propia familia -desestructuración, conflictividad, adicciones, enfermedades mentales, maltrato o abandono infantil, entre otros- o factores que tienen que ver con el contexto social o cultural -falta de vivienda, de recursos económicos, internamientos prolongados y/o repetidos-, o una mezcla de ellos.

El primer trabajo lo hacemos desde los ayuntamientos, la institución más cercana a la familia. Se trata de una acción preventiva, social y educativa, coordinada y consensuada con técnicos/as y familia para la desaparición de esos factores, de manera que incidan lo menos posible en el menor. Si no lo conseguimos y empieza a acentuarse la conducta de los niños/as o agravarse su situación, es en ese momento es en el que debe actuar la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, quien tiene la potestad y el deber de declararlos en desamparo, o como establece la Ley de Atención Integral a los Menores, "la adopción de las resoluciones necesarias para la declaración, constitución y cese de las medidas de amparo". El protocolo legal establece la retirada del ambiente familiar durante el tiempo que sea necesario para "protegerlo", mientras se le acompaña en esta etapa provisional aportándole la asistencia y calidad de vida que necesita. En paralelo se debe trabajar también con la familia, porque el fin último es que pueda volver a su hogar, su entorno ya normalizado.

¿Pero se cumple este protocolo? Eso nos preguntamos los ayuntamientos, pues a día de hoy el sentimiento de frustración es grande, ya que los recursos que se ponen al servicio de los menores, de la protección de sus vidas y de cualquier tipo de asistencia que puedan necesitar son insuficientes e inadecuados.

Los/as menores en desamparo son derivados a los Cabildos, quienes tienen la "guarda" de los mismos en la red de centros de acogida de carácter insular, y a tal fin, reciben cada año la correspondiente financiación desde el Gobierno de Canarias. El modelo que se aplica en Gran Canaria es el de "hogar", espacio de acogimiento para un número reducido de menores que cubre las necesidades básicas de alojamiento, vestido y comida. No tenemos centros especializados que atiendan pedagógica y psicológicamente al menor; que reduzcan o hagan desaparecer los factores que antes mencionamos. Como consecuencia, los/as menores con factores personales de riegos que habría que tratar de manera específica se integran en hogares normalizados con otros menores. Conseguimos con esto el efecto contagio: menores que imitan a otros menores y aprenden conductas violentas, disruptivas, de consumo,.....

La sociedad no puede ni debe actuar contra estos menores, obviando que somos, de una manera u otra, responsables directos de su situación. Debemos actuar con sentido común, con responsabilidad y con los medios adecuados.

Un gobierno inteligente sabe que la calidad de vida de la ciudadanía no se construye solo con edificios, con parques, empresas, sino que necesita de un proyecto social y educativo. Si destruimos los pilares básicos como el empleo, la educación, la sanidad y los servicios de asistencia, debemos ser consecuentes con sus efectos. Y nuestros menores en "desamparo" "desamparados" necesitan hoy en Canarias una respuesta.

Necesitamos instituciones y políticos/as comprometidos que trabajen en coordinación en la elaboración y puesta en marcha de un programa para menores que "ampare" realmente al menor, que garantice su seguridad y la de la comunidad que lo acoge. Centros que ofrezcan la oportunidad a estos/as menores de redirigir sus vidas, de modificar conductas, de cambiar el modelo socio-familiar del que los apartamos.

Pero antes de eso, y para poder conseguir que se haga efectivo el cambio y eficiente la inversión, necesitamos creer más en el derecho a la igualdad de oportunidades y a la atención a las personas, sean de la condición y clase que sean. En este caso concreto, la realidad que viven estos/as menores demanda políticas sociales más comprometidas y audaces que garanticen su atención integral. Yo me comprometo por la mejora y el trabajo coordinado entre instituciones, ¿y ustedes?