Los supermillonarios que quieran reducir su carga fiscal no tienen sólo la posibilidad de registrar una empresa "offshore" sino que se les ofrece la alternativa más radical de comprar una carta de ciudadanía.
Una firma suiza llamada Henley & Partnerss organiza desde hace años seminarios en lugares como Singapur, Beirut, Panamá o la tan discreta como aburrida Ginebra, en los que trata de convencer a sus clientes de las ventajas de un nuevo pasaporte.
Como cuenta la revista de política alemana "Cicero", hace ya un año, es decir antes de que, gracias al consorcio de periodistas de investigación, el mundo se enterara de los manejos del bufete panameño Mossack Fonseca, la firma suiza celebró en el corazón de Panamá uno de esos seminarios.
La firma se presentó allí a sí misma como "líder mundial en la planificación de lugar de residencia y ciudadanía", y la agenda de la reunión incluía temas como "los últimos avances en la inmigración de inversores", "ciudadanía a través de inversiones" o "vida de lujo en el Caribe".
Sus potenciales clientes son lo que en la jerga anglosajona se conoce como "ultra-high-net-worth-individuals", es decir individuos que según el informe de la riqueza mundial que elaboran el banco de inversiones Merril Lynch y la consultora Capgemini poseen un patrimonio líquido de al menos 30 millones de dólares.
Los responsables de la firma suiza aseguraron a la revista alemana no tener nada que ver con los llamados "papeles de Panamá" porque ellos proponen algo totalmente distinto: no la creación de una empresa pantalla sino "soluciones integrales para los desafíos y posibilidades que ofrece la vida de auténtico ciudadano del mundo".
Henley & Partnerse, a cuya cabeza está un abogado de Zúrich llamado Christian Kälin, tramita para ese tipo de clientes la obtención de pasaportes de países como Malta, Chipre, la propia Austria, pero también lugares más exóticos como diversas islas caribeñas - Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves- a cambio de la promesa de realizar allí generosas inversiones.
El objetivo es "proporcionar el máximo beneficio al país y a sus habitantes", fin para el que la firma helvética dice colaborar estrechamente con los gobiernos correspondientes.
Todo lo que exige, por ejemplo, San Cristóbal y Nieves a alguien que quiera convertirse en ciudadano de esa federación caribeña es invertir al menos 250.000 dólares en su Fundación para la Diversificación de la Industria Azucarera.
Para los críticos, como el profesor Rainer Bauböck, del European University Institute, de Florencia, citado por "Cicero", el comercio de pasaportes - es decir la venta de la nacionalidad- es cuando menos "un ataque indirecto a un principio democrático básico".
Además, dificulta la posibilidad de que los gobiernos graven localmente el patrimonio de sus ciudadanos, única forma de mantener el Estado de bienestar y garantizar los servicios que ofrece.
Lo cierto en cualquier caso es que la obtención de una nueva ciudadanía a cambio de dinero ofrece en principio mayor seguridad jurídica que la creación de empresas offshore, y el escándalo de los papeles de Panamá puede ahora estimular ese tipo de comercio.
Este año, la firma suiza organiza seminarios para la captación de clientes en Londres, Ginebra y Montecarlo, como antes los había celebrado en Miami, Ciudad del Cabo, Dubái, Hanói o Singapur, la ciudad Estado con el mayor número de supermillonarios del mundo: una de cada seis familias tiene una fortuna de más d en millón de dólares.
