El Gobierno español no solo está obligado, por el Pacto de Estabilidad de la UE, a recortar esos 8.000 millones de euros en los dos próximos años, sino a emprender los deberes de poda que no realizó en el último bienio: entre 9.000 y 10.000 millones. Pero incluso después de conseguir esta proeza de austeridad sobrevenida todavía deberían amputarse alrededor de 3.500 millones más para llegar a ese nirvana del déficit del 1% en el que se aposenta la felicidad del europeo del siglo XXI. Más de 20.000 millones de euros son el camino que queda hasta el año 2020. Si Mariano Rajoy y sus cuates no han conseguido alcanzar el 3% del déficit (encaramándose por encima del 5%) no ha sido por incapacidad técnica, sino por miedo, simplemente. Si lo hacían perderían las elecciones y el PP no estaba dispuesto a disminuir (más) las prestaciones por desempleo ni a tocar (más) las pensiones: el 50% de los que aseguran que votarán por el PP el próximo junio son jubilados, y ya un 44% lo eran en los comicios del pasado diciembre. Así que el presidente y los suyos han seguido trampeando y endeudando al Estado durante los últimos dos años y saqueando con parsimoniosa energía el fondo de la Seguridad Social. Los sistemas de servicios públicos españoles están cogidos financieramente con chinchetas. Se trataba de llegar así a las elecciones generales, hinchar el pecho por el oscuro milagro de la recuperación y una vez conseguida una amplia mayoría minoritaria gracias a los asustadizos viejitos, pues meter la guadaña hasta el corvejón del ciudadano indefenso y del empresario pringado.
Simple y llanamente: deviene imposible sostener los sistemas de educación y sanidad públicos y el modelo de pensiones con otros 8.000 millones de euros menos, no se diga con 20.000. Ni suprimiendo diputaciones y duplicidades y coches oficiales y secretarias y todo el dechado de maldad que arrastra la terrible casta política ni aumentando la recaudación fiscal hasta extremos estratosféricos. No se lo crean porque no es posible. En términos de productividad y de calidad de empleo machacar tributariamente al país no es una opción productiva; en cuanto al ahorro en las administraciones públicas, el único significativo consistiría en despidos masivos. La única opción estratégica para evitar esta catástrofe -una mutación radical del modelo social y asistencial español y, al cabo, también del espacio de intervención público y del lugar de la democracia- pasaría por una alternativa política y fiscal a nivel europeo pero, curiosamente, y a la vez como es costumbre, Europa apenas aparece en los discursos de esta precampaña electoral, una eternidad sin principio ni fin. Si se han mantenido en España y en Canarias cohesión y cierta paz social es porque los llamados estabilizadores institucionales, mal que bien, han seguido funcionando. Si son desmontados aquí puede pasar de todo.
