La medida de nuestro progreso no es cuánto podemos añadir a la abundancia de aquellos que tienen mucho, sino de qué manera podemos garantizar lo suficiente para aquellos que tienen poco". Así iniciamos el informe Equidad para los niños. El caso de España, que presentábamos el lunes 23 de mayo en el Parlamento de Canarias.
La frase la pronunció el presidente Roosevelt en su discurso de investidura de 1937 para resumir uno de los programas de gobierno más integradores y reformistas que ha conocido Estados Unidos, y un anticipo de la conformación de los sistemas de bienestar modernos que alcanzaron su cénit en la Europa Occidental de la segunda mitad del siglo XX.
Algunos años después se aprobaba la Convención sobre los Derechos del Niño, por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989; tratado que reúne todos los aspectos más relevantes en la aplicación de los derechos de los niños y las niñas y que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, lo que implica una nutrición, educación y protección también adecuadas.
Con este informe queremos ofrecer una fotografía de la realidad de muchos niños, comparando y evaluando su bienestar en los países más desarrollados. Un total de 41 países analizados de acuerdo a cuatro variables esenciales: el ingreso, la educación, la salud y la satisfacción vital.
España se encuentra en el puesto 22 (de 41) en desigualdad general de la infancia. Y especialmente preocupante es el dato relacionado con el ingreso que sitúa a España a la cola de los países más desarrollados, ocupando el sexto peor puesto, y bajando al cuarto si el ranking se limita a los países de la Unión Europea. Por detrás de nosotros, solo Rumanía, Bulgaria y Grecia.
A pesar de que en aspectos como la salud o la educación los datos resultan más optimistas, el nivel de satisfacción vital de los niños respecto a la desigualdad ha crecido en los últimos años y ha afectado especialmente a dos colectivos: las niñas y el colectivo infantil de inmigrantes.
No son datos que puedan dejarnos indiferentes y, aunque el informe pone de manifiesto las medidas positivas que se han llevado a cabo, los recursos siguen siendo escasos y las medidas contra la pobreza infantil y por la inclusión social siguen siendo poco eficientes. Como dice el informe "el desempleo y el debilitamiento de las redes de protección han generado una brecha sin precedentes entre quienes viven seguros y quienes son víctimas de una vulnerabilidad estructural que determina su presente y su futuro".
En España esta realidad se refleja en el 36% de los menores españoles que viven hoy en riesgo de pobreza o exclusión social (de acuerdo con Eurostat). Esta cifra está seis puntos por encima de la media y multiplica por tres la de los mayores de 65, un grupo tradicionalmente vulnerable.
Y si descendiéramos al caso de Canarias, nuestra realidad no es mejor. Algunos indicadores de bienestar infantil muestran una situación de desventaja aún mayor para los niños canarios en relación al resto del país.
Pudimos compartir todo esto con nuestros representantes y trasladamos algunas propuestas sobre cómo abordarlo: prestación por hijo a cargo, becas escolares, acceso universal a la salud...
Además, en 2014 se firmó el Pacto Canario por la Infancia, fruto del compromiso y consenso de cada una de las instituciones firmantes. Estamos convencidos de que es necesario seguir apostando por ese compromiso y recordar a nuestros representantes políticos que hay que establecer metas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Necesitamos seguir trabajando por esos derechos. Es un imperativo moral y una oportunidad para acelerar el progreso de la humanidad y el desarrollo pleno de todos los niños en todos los rincones del mundo.
