Los datos aireados estas últimas semanas sobre la deuda pública nacional me han animado a escribir unos comentarios sobre el final del siglo XIX y comienzo del XX. Estoy obligado a recurrir a nuestra Historia General, en la que se describe la situación de nuestra sociedad y de nuestra economía. Me centraré en el periodo 1887-1931, llamado el retorno de los Borbones. Terminada la Primera República (1883-87) se nombró a Alfonso XII Rey de España. La política diaria consistió en la alternancia de los liberales y los conservadores capitaneados por Salazar y Cánovas del Castillo. La gestión de los asuntos nacionales se puede resumir en dos líneas: la decadencia militar con la pérdida de las colonias en 1898 y el creciente endeudamiento del gobierno por los continuos desequilibrios de la hacienda pública.

La reacción de la sociedad civil se concretó en la llamada generación del 98, formada por liberales, escritores e intelectuales de la época. La debacle militar se reflejó en la caída y liquidación de los restos de nuestra imperio, que se extendía por América del Sur, Asia y Oceanía. Desde el punto de vista de la situación financiera creo que vale la pena recordar algunos puntos: nuestra hacienda pública estaba en quiebra, con una insolvencia manifiesta y la deuda pública registrando, como se ha publicado estos días, récords históricos, ya que alcanzó en el año 1900 el 119% del PIB. El pasado año 2015 marcó otro récord, ya que superó el 100% del PIB, sin alcanzar la cifra de 1900.

La falta de tesorería y el cierre de los mercados exteriores obligó al gobierno español de entonces a la venta de nuestras posesiones más destacadas en el mundo. Es conocido que después de la derrota de la flota española en Cuba, con el asunto del hundimiento del buque norteamericano Maine, se zanjó la cuestión con la venta de Puerto Rico a los Estados Unidos por un precio fijado de 25 millones de dólares, que permitía asegurar unos ingresos al erario público. Nuestros restos en el Pacífico (Asia y Oceanía), entre ellos las islas Marianas y Filipinas, se zanjaron con una derrota militar (caso de Filipinas) y con la venta del resto a Alemania por unos 15 millones de dólares.

Estas operaciones no frenaron el aumento de la deuda pública española, como he señalado antes. Sin embargo, quiero apuntar que no aparecen en la literatura oficial las negociaciones que se realizaron con Inglaterra para la venta de Canarias a este posible candidato, interesado en las particularidades de la posición del Archipiélago como punto estratégico para el imperio inglés, que se extendía por todo el planeta por el peso y protagonismo que la flota inglesa tenía en todos los mares y océanos.

Creo que este tema debería ser objeto de investigación por nuestros historiadores y por las dos universidades canarias. En esta cuestión me limitaré a exponer mi punto de vista en base a indagaciones que he realizado a través de varios contactos con amigos y conocidos: Inglaterra tenía una concepción de nuestras Islas bastante claras dentro de la libertad y el liberalismo existente en esa época. Las consideraba como verdaderas colonias de hecho, ya que la población inglesa en las islas principales era la que controlaba los principales cultivos, el comercio exterior e interior, los bancos ingleses operaban con total libertad situados en las calles principales y a todo esto hay que añadir que los puertos y las principales compañías navieras que llegaban a avituallarse estaban al servicio de los buques ingleses. Este aspecto colonial explica que Inglaterra no tuviera interés comercial en adquirir las Islas, aunque fuese por un precio irrisorio.

Mi impresión es que en aquellos momentos vivieron dos canarios ilustre, nacidos en Gran Canaria, que se oponían a esta operación. Me remito a los textos históricos de la época. Fernando León y Castillo, como miembro del partido liberal, estuvo muchos años en la política oficial: fue gobernador civil de Granada y Valencia después de 1868, ministro de Ultramar con el rey Alfonso XII, en 1886 fue nombrado ministro de la Gobernación y en 1887 designado embajador de España en París, centro de la política europea de la época, con plenos poderes de los distintos gobiernos de Madrid, y allí murió en 1918. Sus restos descansan en el mausoleo ubicado en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. De Benito Pérez Galdós solamente recordaré que en la generación de 1898 fue siempre un adalid de la "españolidad de Canarias", y su prestigio en la literatura y en la lengua española es archiconocido para escribir algo sobre él en esta ocasión.

El peso de estos dos hombres influyó en el ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde, que consciente de la situación y de la presencia de movimientos independentistas en las Islas publicó la Ley de Puertos Francos de julio de 1900 otorgando a la región lo que yo llamo la constitución económica de Canarias. Ninguna región española o europea ha disfrutado de este marco normativo, que se mejoró y amplió en la ley de julio de 1972. La Comisión Europea, consciente del significado de este marco legal, la incorporó al Tratado de Adhesión de España a la CEE en el Protocolo número dos con rango de derecho primario.

En 1989 el Parlamento canario, manejado por Manuel Hermoso (CC), por Jerónimo Saavedra (PSOE) y por un conjunto de caciques e indocumentados llamados canarios acordaron la llamada "integración plena". Lo curioso de este acuerdo es que es, y siempre será, anticonstitucional, ya que en virtud de la disposición adicional tercera de nuestra Constitución sólo estaba facultado el Parlamento canario para "aprobar modificaciones del régimen económico fiscal del Archipiélago canario" y nunca a derogarlo, que fue lo que se hizo para vergüenza de los juristas y de la tradición histórica.

Creo que es el momento de que la nuevas generaciones de canarios entren a saco en este atropello histórico y se planteen el verdadero papel de nuestra región en una economía globalizada y en plena cuarta revolución industrial, como se define la era digital.

La tormenta que se ha producido por los llamados papeles de Panamá me ha movido a escribir este documento con la intención de levantar la moral y la esperanza de que el futuro es mejorable, aunque haya que hacer modificaciones en el marco legal de nuestra convivencia. Según la mayoría de las definiciones un paraíso fiscal es un territorio o Estado que aplica un régimen tributario especial a ciudadanos y empresas extranjeras domiciliados en él. La actual descripción de estos paraísos es el siguiente, según documentación acreditada que he utilizado: bajo soberanía británica hay localizados 20 -entre ellos Gibraltar, Guernsey y Jersey-; bajo soberanía de Francia hay tres -entre ellos Tahití-; bajo la bandera de Estados Unidos hay 18 - Delaware y Nevada entre otros Estados- ; sometidos a los Países Bajos hay 7, como Aruba o Curazao ; Italia cuenta con dos -Trieste y Campione d·Italia-; Dinamarca cuenta con uno -Groenlandia-; Australia tiene cuatro entre ellas las islas Cocos y la isla Norfolk; Nueva Zelanda tiene tres, entre ellos las Islas Cook ; Portugal cuenta con dos -Madeira y Azores-; Noruega tiene uno -Svaldard- y , por último, la República Checa tiene uno, Ostrava. Hay más territorios y países con este régimen pero no están en la relación de la OCDE.

Como integrantes de las Naciones Unidas hay más de 50 Estados miembros que utilizan y fomentan estas actividades. Me limitaré a señalar algunos: Suiza , Andorra, Panamá, Jamaica, Dubái, etc. En estas "jurisdicciones" controladas por países de la OCDE se registran sociedades mercantiles off-shore y bancos de licencia internacional que realizan operaciones en todo el planeta. Lo que es más sorprendente es que muchas de estas entidades operan en lujosos pisos en edificios de París, Nueva York y Londres.

El cinismo y la hipocresía dominan el escenario financiero y fiscal mundial por las facilidades que se han dado desde los años sesenta del siglo pasado en que proliferaron todas estas áreas. Queda la cuestión de saber si operar a través de estos territorios entraña algún delito contra la legislación del país de los titulares de estas entidades de negocios. Es indudable que eso está sometido a las normas vigentes en cada país. Cuando yo estuve en Washington (1970-75) ni el Congreso ni el Parlamento americano pudieron frenar esta estrategia, que pusieron en marcha las grandes empresas multinacionales para escapar a las regulaciones monetarias y al sistema fiscal vigente en Estados Unidos.

Con esto me limito a describir brevemente la actual realidad del sistemas económico mundial en esta faceta. ¿Y que hace Canarias? La nueva clase política después de las últimas elecciones se limita a seguir la senda dirigida por Coalición Canaria de que nos encontramos en el mejor de los mundos como RUP, o sea Región Ultraperiférica, y sometida a las más de 100.000 normas o directivas que Bruselas dicta y que no se atreven a reducir o eliminar. Uno de los argumentos de los partidarios del Brexit, o salida del Reino Unido en el próximo referéndum del día 23 de junio, son las normas de la Comisión, que regulan hasta la curvatura de los plátanos que se pueden vender en los mercados comunitarios, según comentarios publicados en la prensa diaria recientemente.

¿Hay fórmulas positivas para este futuro? En diciembre de 2013 se publicó un texto legal por la Comisión en que se contempla la posibilidad de cambiar de RUP al grupo de países y territorios de Ultramar que contemplan los tratados de la UE. El cambio supone la no aplicación del derecho comunitario, que sería beneficioso ya que nadie viene a Canarias a establecerse e invertir con normas temporales y con autorizaciones condicionadas por Bruselas. Simplemente, desearía que 'la imaginación subiera al poder' en nuestras islas y para que se pueda realizar un estudio serio y profundo de nuestra situación socio-económica y preparar para la juventud isleña un porvenir diferente del turismo al que nos condena la casta dominante.

PD. Recomiendo la lectura de un texto de Benito Pérez Galdós que escribió en el año 1900 y que tiene plena vigencia: La canariedad y la españolidad.