La Unión Europea no se encuentra en buen estado. No se halla exactamente en su mejor momento, ¿verdad? De hecho, todo lo contrario: está atravesando la peor crisis de su historia.
Hace tiempo que prácticamente todo lo que me importa de la integración europea va rematadamente mal. Pero cuando me piden una respuesta corta acerca de qué es lo que más aprecio de la construcción europea, respondo sin dudar: la libre circulación de personas. ¿Y qué es lo que más combato? La mirada negativa a la inmigración, que deja abiertas muy escasas ventanas -si es que alguna- a la inmigración regular.
Desde hace demasiado tiempo, una mirada equivocada sobre la inmigración en esta Europa obsesionada con ponerles cerrojo a las puertas del campo de la inmigración irregular se empeña en estigmatizar cualquier flujo migratorio como una "invasión" que amenaza a nuestra seguridad interna.
Pues bien, en el pasado Pleno parlamentario de Estrasburgo tuvo lugar el debate sobre la refundición de dos directivas que afectan a la apertura de ventanas de oportunidad para la inmigración regular.
Hay que saludar este paso en la buena dirección. Porque no solamente este paquete normativo persigue regular y reforzar los derechos de estudiantes, investigadores, doctorandos, estudiantes en prácticas ya sean remuneradas, ya sean no remuneradas así como a las personas en servicio de voluntariado y al personal au pair, sino que además certifica un refuerzo de esos derechos en relación con la limitación de su jornada de trabajo y de su mochila también de derechos sociales. Pero, sobre todo, abre una puerta de inmigración regular a esta Europa envejecida que la necesita, urgentemente. Sí: Europa necesita inmigración, y con urgencia. No solo personal altamente cualificado.
Pero, insisto, es solo un paso limitado que debe ser ampliado con una reorientación clara y rotunda de la política migratoria europea.
Nos hace falta también con urgencia perentoria una política inteligente de gestión de flujos migratorios. No solamente para albergar las perspectivas y legítimas aspiraciones de estudiantes e investigadores para poder disfrutar de libres canales regulares de libre circulación y residencia en la UE (y en sus EE MM), sino, en general, hacia todos aquellos que estén en disposición de contribuir al sostenimiento de nuestro modelo social, con su trabajo honrado y con su contribución a las cotizaciones sociales y al sostenimiento de los servicios públicos que caracterizan el modo de ser europeo, en peor crisis que nunca.
A todo esto se suma la inaceptable pretensión del Gobierno conservador en el Reino Unido del primer ministro David Cameron de imponer al conjunto de la UE -a cambio de su patética campaña a favor del "sí a la permanencia" de su país en la Unión- una modificación, restrictiva y a la baja de la actual normativa europea de libre circulación de trabajadores -que, para empezar, prohíbe la discriminación por cuestión de nacionalidad desde el arranque mismo de la construcción europea en los Tratados constitutivos de los años cincuenta del pasado siglo-, así como de la Directiva sobre prestaciones sociales vinculadas al trabajo.
¿Es necesario subrayar que esta restricción no afectará tan solo (a lo que sería ya en sí rechazable) a los "fontaneros polacos" o los "albañiles búlgaros" y "empleados/as domésticos rumanos/as"... puesto que potencialmente compromete a los derechos e intereses legítimos de los trabajadores de todas las nacionalidades -incluidos esos miles de médicos/as, investigadores/as, docentes, enfermeros/as españoles/as actualmente trabajando -y ejerciendo su derecho a hacerlo sin discriminación- que se hallen en el Reino Unido?
Por las mismas razones por las que apoyo toda iniciativa de refuerzo de los derechos de estudiantes, voluntarios/as y personal au pair, me opondré y votaré no el día en que -espero que no suceda- llegue al PE el "paquete legislativo" diseñado para complacer al conservador Cameron y al sector más euroescéptico o directamente eurófobo del electorado británico.
