En una tertulia de la radio oigo una curiosa interpretación sobre el efecto que en el ánimo de los electores pudiera tener la noticia sobre el procesamiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo sobre el escándalo de los falsos ERE. Un asunto en el que se concedieron de una forma supuestamente irregular ayudas económicas por importe de 854 millones de euros, saltándose a la torera todos los procedimientos de control administrativo. Según uno de los tertulianos, la conducta supuestamente delictiva de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y de otros 24 altos cargos no provocará un voto de castigo entre el electorado socialista porque ha calado en el ánimo de buena parte de la opinión pública andaluza que las citadas ayudas muy posiblemente se hayan otorgado arbitrariamente pero en ningún caso sin claros objetivos de justicia social, exceptuado el caso de unos pocos golfos que se quedaron con parte de ese dinero entre las uñas. Y el hecho de que bastantes de los así favorecidos, ¡oh casualidad! fuesen militantes o simpatizantes del PSOE no tiene por qué añadir malicia al trámite dada la amplia base social que sustenta fielmente a ese partido desde el inicio de la etapa democrática. En otras palabras que, estamos ante una nueva modalidad del "buen ladrón", es decir, de aquel que robaba a los ricos para repartirlo después entre los pobres, como dicen que hacía el famoso bandido madrileño Luis Candelas. No obstante, la argumentación no está del todo bien traída porque el rico botín de los más de ochocientos millones de euros no se ha robado, o malversado, a los ricos sino a los anónimos contribuyentes españoles, buena parte de los cuales, aparte de no ser ricos, pudieran no ser militantes, o simpatizantes, socialistas y ni siquiera residían en Andalucía para beneficiarse de esas ayudas. Desde sus inicios, ya hace cinco años, el caso de los ERE falsos ha ocupado espacio preferente en los medios y, prescindiendo de motivaciones juridicas, fue siempre considerado como el escudo propagandístico que utilizó el PP para defenderse de las múltiples acusaciones por corrupción que llovieron sobre sus siglas durante ese periodo de tiempo. "Todo eso está muy bien", replicaban los mosqueteros de Génova cuando se les hostigaba, "pero ahí tenemos el caso de los ERE de Andalucía que es el escándalo político que ha movido miles de millones de euros". El Tribunal Supremo ha reducido esas cantidades fabulosas de que se hablaba en los medios a solo 854 millones (que no son pocos) y en el desarrollo del juicio habrá todavía que ver cuántos de esos fueron ilícitamente repartidos. En el fondo, lo que se juzga es si la Junta de Andalucía ha procedido a distribuir ayudas y subvenciones "eludiendo la aplicación de los medios ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General", como dice literalmente el auto del Tribunal Supremo. Una práctica, por otra parte, que se utilizó con demasiada frecuencia en casi todos los ámbitos de la administración española con las consecuencias que están a la vista. Ahora conoceremos la profundidad penal de aquellos papeles que arrastraba en una maleta la señora Alaya en sus espectaculares paseos hacia el juzgado.
