Desde nuestra entrada en la zona euro, el Banco de España ha ido perdiendo autonomía y competencias respecto del Banco Central Europeo. Le quedan algunas, muy limitadas desde el año 2014 con la creación del MUS (Mecanismo Único de Supervisión), pero las que le restan parece que no las ejerce con la diligencia que debiera. O al menos eso es lo que se deduce del escrito que acaba de hacer público el cuerpo de inspectores que depende de ese organismo. Estos altos funcionarios, cuya preparación y conocimientos nadie discute, alertan a la ciudadanía de los peligros que pudieran derivarse de una nueva crisis bancaria que pudiera estar gestándose discretamente, entre otras cosas por la falta de medios para supervisar la solvencia de las entidades de crédito que sobrevivieron a la crisis. Nuestras autoridades, explican los inspectores, han cedido una parte muy relevante de la soberanía nacional en materia de supervisión bancaria y esa pasividad y autocomplacencia en la verificación de la información contable proporcionada por las propias entidades financieras constituye un peligro. La advertencia no debería caer en saco roto porque estos mismos funcionarios ya advirtieron al Gobierno en el año 2006 de los efectos devastadores que pudiera provocar el estallido de la burbuja inmobiliaria: Lo hicieron por medio de un escrito pasado por la ventanilla del registro para mayor solemnidad, pero ninguna de las autoridades a las que iba dirigido dieron señales de haberlo recibido. La juerga crediticia y especulativa continuó alegremente y cuando se produjo el hundimiento del suflé cuatro años más tarde el entonces presidente Zapatero aún tuvo el cuajo de declarar en el Parlamento que " ni el Fondo Monetario Internacional había podido prever la profundidad de la crisis". Transcurridos diez años de aquella advertencia no hay síntomas de que la lección haya sido aprendida. El presidente del Banco de España ha quitado importancia al aviso de los inspectores y el presidente del Gobierno en funciones anda de campaña electoral prometiendo soluciones milagrosas a los problemas económicos en el caso de resultar reelegido y no tiene tiempo para distraerse con esas minucias. Pero no todo es pasotismo ni inactividad en el edificio que abre su puerta principal a la madrileña plaza de Cibeles. Aún no hace muchos dias, el presidente de la institución, Luis María Linde, enfadó a buena parte de la ciudadanía al solicitar del gobierno que salga de las elecciones una nueva reforma laboral que reduzca la, a su juicio, "excesiva protección" de que gozan los trabajadores en caso de despido como mejor forma de animar a los empresarios a crear empleo y por tanto a mejorar la competitividad de la economía española. Una recomendación que vino acompañada de otra sobre el futuro de las pensiones públicas que, también a su juicio, solo tienen garantías de supervivencia si se congelan las prestaciones actuales y se busca su complemento mediante planes privados de ahorro. Las dos recomendaciones son polémicas, pero aun lo es más un informe del propio Banco de España en el que se afirma que los empresarios y los trabajadores españoles están menos preparados y son menos eficientes que sus pares de otros países europeos por un evidente déficit educativo que seria conveniente corregir. No es extraño que más del 80% de los ciudadanos vea la situación política como "muy mala".
