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El análisis

El Tratado de Comercio EE UU-UE y los programas electorales

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones que se está negociando desde 2013 entre la Unión Europea y EE UU (TTIP en sus siglas en inglés) en un ambiente de secretismo y opacidad sería, de aprobarse, un auténtico golpe de Estado de las grandes corporaciones multinacionales contra la soberanía de los estados y el final de la concepción de la democracia liberal con la que se ha construido la UE y de lo que se ha llamado el capitalismo renano, un capitalismo de rostro humano, suavizado por medio del Estado del bienestar. Capitalismo que sería definitivamente sustituido por el norteamericano en su versión más dura e implacable neoliberal, en cuya dirección, por cierto, ya ha dado importantes pasos la UE liderada en los últimos tiempos por los grupos políticos conservadores y liberales. La armonización, más bien diríamos unificación a la baja, de legislaciones que implica la puesta a punto del tratado supondría, de aprobarse, una grave agresión a los derechos sociales, medioambientales y laborales de que gozan los consumidores y ciudadanos europeos al eliminarse las trabas y protecciones que éstos tienen en la legislación europea para el control de alimentos (transgénicos, hormonas, eliminación de las denominaciones de origen...), medicamentos (más caros y menos seguros...), protección y conservación del medio ambiente (vía libre al fracking, anulación de la vigencia de convenios sobre el control del clima y la protección de la naturaleza firmados por la UE, pero no por EE UU...), privatizaciones de los servicios públicos (sanidad, educación, agua, transportes) con imposibilidad de una posible vuelta atrás, eliminación o duras restricciones del salario mínimo y limitaciones de otros derechos laborales como los de sindicación y de huelga (son numerosos los acuerdos de la OIT sobre esos aspectos no aceptados por la potencia norteamericana)... Por si no fuera bastante todo lo anterior, otra parte del tratado está dedicada a establecer un mecanismo (Iesds) para la protección de las inversiones de las empresas frente a los estados a través de un tribunal de arbitraje privado. De modo que aquéllas podrían demandar a los estados si se lesionan sus probables beneficios, pero no a la inversa, limitando con ello la soberanía de los parlamentos nacionales, pero también en el caso de España, por ejemplo, la de los autonómicos y de los ayuntamientos que no podrían legislar a favor del interés general de sus ciudadanos si éste choca con los de las empresas. Lo que es, sin duda, la expresión más evidente de que este tratado supone una vuelta de tuerca más para la extensión del modelo capitalista neoliberal y de un recorte sustancial de la soberanía parlamentaria.

Es cierto que la filtración de las secretas negociaciones entre la Comisión Europea y el Ministerio de Comercio estadounidense realizada en mayo por la organización holandesa de Greenpeace ha forzado a dar marcha atrás a los negociadores de la comisión y proponer reformas de ese antidemocrático tribunal, pero sin que, dada la opacidad con que funciona, realmente sepamos sus verdaderas implicaciones. Desde el punto de vista geoestratégico, es plausible pensar que el TTIP, de aprobarse, no haría sino exacerbar las tensiones comerciales y no comerciales entre el mundo occidental y los países emergentes. No estamos, pues, ante un mero tratado comercial internacional, sino también ante un posible conjunto de medidas sociales, económicas, medioambientales y políticas que pueden suponer un profundo cambio en sentido negativo para las condiciones de vida de los 800 millones de personas que engloban los estados afectados. De ahí que el TTIP sea una cuestión que debe estar presente en nuestras próximas elecciones legislativas para que los ciudadanos conozcamos las posturas que los diferentes partidos políticos mantienen ante el mismo. En el Parlamento europeo han predominado las posiciones favorables al TTIP, incluida la del Grupo Socialista y Demócrata, del que forma parte el PSOE, grupo que ha mantenido una actitud ambigua con aceptación del tratado, pero con reformas de parte de su contenido (sobre todo, después de las mencionadas filtraciones de mayo por Greenpeace). Sólo el grupo parlamentario de Izquierda Unitaria Europea y los Verdes han estado decididamente en contra. En España, la lectura de los programas de los principales partidos para las próximas elecciones nos proporciona una situación similar. No existen menciones al TTIP entre las medidas programáticas por parte del PP ni parece que vaya a haberlas entre las de Ciudadanos, silencio a voces que nos habla de su aceptación. Sólo en el de Unidos Podemos se recoge una denuncia amplia y radical en contra del mismo. Tampoco aparece ninguna referencia expresa al respecto en el programa del PSOE, aunque haya habido por su parte declaraciones en otros foros de su aceptación con limitaciones. Sin duda, dado lo que nos jugamos, los españoles deberíamos tener presentes tales posiciones ante el TTIP a la hora de depositar el 26-J nuestro voto en las urnas.

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