La solución a la que ha acabado conduciendo la insolidaridad europea en materia de refugiados lleva a la firma de pactos lo mismo con gobiernos más o menos democráticos que con autócratas y regímenes poco deseables del continente negro.
Hace tiempo que en los debates en torno a ese problema de derechos humanos se empezó a señalar como ejemplo a seguir el acuerdo del Gobierno español con el Reino de Marruecos en esa materia.
Y ahora tenemos gobiernos como el de Kenia, que ha amenazado con deportar a su país de origen, ensangrentado por la guerra, a cientos de miles de somalíes si la comunidad internacional no le da más dinero.
La explicación es que el campamento de Dadaab, en el este de Kenia, en el que conviven 330.000 personas, les cuesta demasiado, algo totalmente comprensible, y que además puede ser una incubadora de terroristas.
Los gobernantes keniatas, como otros africanos, han tomado nota del acuerdo entre Bruselas y Turquía para frenar los flujos migratorios y pretenden que se les remunere generosamente por hacerse cargo de esa humanidad a la que los europeos tratan de mantener lo más lejos posible de sus fronteras.
A comienzos del mes pasado, con motivo de la visita de los ministros de Exteriores alemán y francés, otro gobierno, el de Níger exigió a Bruselas 1.100 millones de euros a cambio de frenar el avance hacia el Mediterráneo de decenas de miles de emigrantes africanos.
Todo eso dinero estaría muy bien empleado si en realidad beneficiase siempre a las economías de esos pueblos y no acabase en cuentas ocultas en paraísos fiscales. Aunque, dicho sea de paso, en esto último, como en tantas otras cosas, los occidentales tampoco podemos ponernos como ejemplo.
Mientras tanto, según medios germanos, la Unión Europea ha discutido un plan secreto para prestar ayuda económica a varios países del Cuerno de África, entre ellos Sudán, contra cuyo presidente, Omar al-Bashir, el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden de detención por supuesto genocidio en el conflicto de Darfur.
Amnistía Internacional ha denunciado al Gobierno de ese país por continuas violaciones de los derechos humanos y Washington le acusa de financiar a terroristas, algo que no parece estorbar demasiado.
Hay además fuertes sospechas, según la ONG de derechos humanos Human Rights Watch, de que funcionarios sudaneses, tanto militares como policías, hacen causa común con las redes criminales de traficantes de seres humanos.
El proyecto de la UE consistiría en enviar a Sudán equipo de seguridad para el control de los refugiados, instruir a su policía de fronteras y financiar la construcción de dos campamentos con espacios de detención para refugiados.
El plan estaría coordinado por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, organismo público que ha cooperado ya con otros Estados autoritarios como Arabia Saudí.
Sudán es un país clave para el control de los refugiados que tratan de llegar a Libia ya que por él pasan muchos procedentes de Eritrea, Somalia, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo.
Hay quienes temen, por otro lado, que el fondo fiduciario de emergencia para África creado el año pasado por la Comisión Europea para "hacer frente a las causas profundas de la migración irregular" lo utilicen algunos gobiernos de ese continente para mejor controlar y reprimir a sus poblaciones en vez de en beneficio de los pueblos.
