Varios amigos y compañeros me han planteado y pedido mis ideas sobre el efecto que en nuestra sociedad y en nuestra economía iba a tener la reciente celebración del referéndum británico. Es conocido y notorio que el 51,9% de los británicos decidieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea frente al 48,1% que votaron la continuidad. La importancia de la cuestión se contempla en que más del 70% del censo participó en este evento. Las consecuencias y efectos que vaya a tener en la economía británica y europea es objeto de debates y comentarios en toda la prensa especializada en la economía occidental. La tesis dominante es que nadie sabe y conoce cuál será el escenario real y final de la economía europea y británica al término de esta década. La razón es muy simple: se necesita un nuevo gobierno en Londres, que este ponga en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa, donde se contempla la salida de un país miembro de la Unión, y que se desarrollen las negociaciones durante al menos dos años para establecer las futuras condiciones institucionales entre la Comisión y el Gobierno británico. Me atrevo a manifestar que los actuales vínculos entre el Reino Unido y la Unión Europea continuarán muchos años a pesar del referéndum sobre la salida. Lo que sí quiero subrayar es que el derecho comunitario seguirá vigente en el Reino Unido, pero no podrá participar este país en las futuras normas y decisiones que adopten los órganos comunitarios
¿Qué espera Canarias de esta batalla? Hay cuatro áreas en las que se pueden hacer esta pregunta: la comercial, la financiera, los servicios y el marco institucional.
A) En el ciclo comercial: no nos afecta ya que las exportaciones de nuestras Islas al Reino Unido se encuentran bajo mínimo como reflejan las estadísticas oficiales.
B) En el mundo financiero: poco efecto, ya que las inversiones que procedan de ese país seguirán viniendo al ritmo de las posibilidades que los inversores privados consideren en nuestra geografía como rentables. Y en esta especialidad las compañías y empresarios ingleses son verdaderos expertos en operaciones de inversiones beneficiosas a medio y largo plazo. Me atrevo a recordar en esta ocasión un dicho que circulaba y conocíamos los que en los años 40 del siglo pasado hicimos el bachillerato en el instituto o en los distintos colegios que impartían estos estudios: "El inglés nunca tiene un buen principio". Fueron los que gestionaron nuestra sociedad y nuestra economía desde finales del siglo XIX. Hasta tal punto, como ya he escrito en otro artículo, que nuestras Islas parecían colonias inglesas por el control que ejercían estos emprendedores.
C) En el área de servicios: sí tenemos la seguridad de que la presencia de los turistas británicos esta asegurada y con ritmos crecientes por las compañías aéreas low-cost y por las agencias de viaje con sede en Londres y especializadas en "ofertas del todo incluido", que controlan de forma creciente el flujo de europeos nórdicos y occidentales. Nuestro activo, que los atraerá siempre, será nuestro paisaje. Desde nuestras costas ricas en especies marinas, con numerosas playas, hasta nuestras montañas, los viejos volcanes, nuestros cultivos, las condiciones óptimas para actividades deportivas por tierra y por mar y toda nuestra geografía. A esto solo falta añadir nuestro clima mediterráneo-subtropical, que les permitirá aprovechar, durante todo el año y las 24 horas del día, nuestro extraordinario medio ambiente. Aunque la libra tenga que soportar una cierta devaluación en los dos próximos años, por su técnica de contratación ya tienen cerrado la próxima campaña, hasta abril o mayo de 2017.
Nuestro problema es que estamos soportando la moratoria turística, instalada desde el año 2000 por motivos políticos y con el apoyo puntual e interesado de ciertos colectivos empresariales, por lo que seguiremos con una demanda exterior superior y creciente sobre el volumen de plazas turísticas para recibirlos.
La moraleja es triple: nuestra tasa de paro de más del 28% de la población considerada activa; la emigración de la juventud, preparada y capacitada, para rehacer su vida en otras regiones y el agravamiento del bienestar social como demuestran las recientes estadísticas publicadas.
Y lo que para mí es una vergüenza pública, y solo confío en que las nuevas generaciones tomen el poder y la gestión de nuestra sociedad, es que se frene nuestro desarrollo con ignorancia, hipocresía y manipulación de una clase política y empresarial dominante, que solo buscan los beneficios y rentabilidades a corto plazo.
Detallo como constancia el caso de la Comunidad balear, con la que colaboré en los años noventa de siglo pasado. Con un millón cien mil habitantes recibió el pasado año unos trece millones de turistas (extranjeros y peninsulares), casi doce turistas por habitante; mientras en Canarias, con dos millones cien mil habitantes, recibimos la misma cifra. O sea, seis turistas por residente.
Queda el cuarto punto o la cuarta área de mi reflexión.
D) El marco institucional. A esta cuestión me he referido en muchos artículos e intervenciones en informes públicos y privados, por lo que intentaré hacer un resumen. En el año 1900, en plena desintegración del imperio español, el ministro Raimundo Fernández-Villaverde (con el apoyo moral y patriótico de Fernando León y Castillo y de Benito Pérez Galdós) elaboró y publicó la Ley de Puertos Francos, por la que se actualizaba, ampliaba y mejoraba nuestro Régimen de Bravo Murillo (Decreto de 1852), declarando a nuestra región como el primer territorio extraeuropeo, bajo soberanía de un país continental, como de baja o nula fiscalidad. Todo eso que ahora se llama paraísos fiscales. La declaración de área de baja fiscalidad se le dio a nuestras Islas como fórmula para frenar los movimientos independentistas que habían llegado a nuestros vecinos de entonces, procedentes de los isleños residentes en el Caribe y países sudamericanos.
Ante la necesidad de recuperar este régimen tradicional se elaboró el Plan Canarias en el año 1968, siendo nombrado yo por el Gobierno secretario de dicha comisión de trabajo que se constituyó para la actualización de nuestro régimen tradicional.
El informe que se elaboró se discutió con Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda en aquellos momentos, y se aceptaron las distintas propuestas, menos la de otorgarle a Canarias el régimen fiscal de Ceuta y Melilla, que desde 1944 gozaban de la reducción del 50% de los tipos vigentes en España.
Como testigo de esa reunión tengo que explicar que el argumento que se dio por el ministro en contra de esa propuesta era que podía ser una pieza que alentara o estimulara el "independentismo" de la región. Recordemos que en aquellos tiempos la Radio de Argelia le tenía ofrecido a Cubillo, líder del Movimiento de Liberación de Canarias, unas horas de emisión para sus explicaciones en favor de esa corriente.
Las propuestas de actualización de nuestro régimen tradicional se recogió en su integridad en la ley de 1972, pero no había ninguna razón política para negarle a Canarias el régimen fiscal de las plazas africanas. Y Madrid y nuestros responsables políticos no supieron aprovechar la ocasión.
El siguiente paso fue la integración de España en la Comunidad Económica Europea, que se firmo en 1985. Aquí se consiguió, después de un gran debate en las Islas, el documento que se incorporó al Tratado de Adhesión de España, el llamado Protocolo número 2, que con el carácter de derecho primario se incorporó al derecho comunitario cuando nadie daba un céntimo por que la Comunidad iba a aceptar las peticiones canarias.
Se salvaron nuestros dere-chos históricos, y nuestro Archipiélago se quedó fuera de varias políticas oficiales. Fue un verdadero éxito negociador y especialmente por la unidad de la posición de todas las instituciones regionales.
El capítulo se cierra con la decisión que adoptó Coalición Canaria 1n 1989, manipulada por ATI (por el control de las instituciones políticas regionales) para defender a la plutocracia platanera al solicitar el cambio de modelo y la plena integración de Canarias al derecho comunitario. Era tirar por la borda nuestro acervo histórico y los expertos comunitarios no entendían este cambio de modelo.
En aquella época yo frecuentaba Bruselas como experto español contratado para dirigir y elaborar un proyecto de relanzamiento del Mercado Común Centroamericano, que se lo habían adjudicado a nuestro Ministerio de Comercio. Este proyecto salió adelante con plena unanimidad de todos los países implicados.
El capítulo final era elaborar las disposiciones económicas y fiscales para nuestra incorporación a la Unión Europea como Asturias, Normandía y las más de 200 regiones con que cuenta. Nos concedieron la Zona Especial Canaria (la ZEC), pero el peso y el poder del Reino Unido jugó muy fuerte y nos negó todas las posibilidades de que Canarias fuera legalmente un paraíso fiscal, al excluir las entidades financieras y de servicios que podrían competir con sus Islas del Canal, Gibraltar, las Bermudas, etc. Nos concedieron la calificación de Región Ultraperiférica, sometida al cien por cien al derecho primario comunitario, y la posibilidad de concesiones puntuales y transitorias para estimular a nuestra economía.
Creo que es el momento de terminar. Recomiendo a las nuevas generaciones (la de 30 a 50 años) que se mojen de forma evidente en el futuro de nuestras Islas. Para los pesimistas les diré que las llamadas áreas de baja fiscalidad o paraísos fiscales están para sobrevivir a pesar de las frases que a veces pronuncian algunos políticos europeos de que hay que eliminar estos territorios. Hay más de cien con distintas categorías, por ello hay que reconocer que son instrumentos útiles de la globalización y del la economía financiera mundial, en donde se mezclan actividades licitas con prácticas corruptas. Pero son plataformas operativas de las grandes multinacionales, de las grandes empresas de servicios variados, de los fondos financieros de los estados ricos y poderosos -Noruega, China, Arabia Saudí, etc.-, de los fondos privados de inversión financiera, etc.
Canarias debe emprender esta ruta con carácter prioritario ante las grandes incertidumbres que van a operar en nuestra economía mundial. El gran reto es conseguir que Canarias entre en este catálogo, ya que el Reino Unido no podrá frenarnos y confío en que las instituciones comunitarias reconozcan este modelo para nuestro Archipiélago, de la misma manera que en su día nos concedió el Protocolo número 2.
