El Tribunal Constitucional alemán se pronunció el pasado 21 de junio admitiendo la legalidad del programa de compra de deuda soberana anunciado en julio de 2012 por el BCE. Este pronunciamiento sirve de punto de partida para las consideraciones que trataré de exponer. El Banco Central Europeo (BCE) fue creado el 1 de junio de 1998 en un contexto en el que predominaba la idea de que los bancos centrales solo han de velar por mantener baja la inflación. El BCE no puede financiar directamente a los estados y la solidaridad financiera entre los estados miembros queda prohibida; queda prohibida igualmente la adquisición directa de instrumentos de deuda pública por el BCE o los bancos centrales nacionales. De esta forma se dio lugar al nacimiento de una moneda sin Estado y a un banco central sin gobierno, a la vez que a las políticas de austeridad que tanta oposición han generado, no sólo entre políticos radicales, sino también entre prestigiosos académicos. En palabras recogidas en las recientes memorias de Bernanke, anterior presidente de la Reserva Federal americana: "Alemania y sus aliados en la eurozona presionaron demasiado y demasiado pronto para que se aplicasen medidas de austeridad fiscal en países (Alemania incluida) que no tenían problemas fiscales a corto plazo, al mismo tiempo que se oponían a tomar medidas monetarias poco convencionales (como la expansión cuantitativa)". Esta visión inerte de los bancos centrales se hizo añicos después de la crisis de 2007-2008, cuando todo el mundo redescubrió el papel crucial que desempeñan estas instituciones en el caso de crisis graves. En un discurso que tuvo lugar en Londres el 26 de julio de 2012, el presidente del Banco Central Europeo pronunció las que se han calificado de "palabras mágicas de Draghi": "Durante mi mandato, el BCE hará todo lo que sea necesario para preservar el euro y créanme: será suficiente". Mediante el anuncio de un programa de compra de deuda soberana en el mercado secundario, el BCE pasaba a velar no solo por la estabilidad de los precios, sino también por la estabilidad económica general de la zona euro. El Tribunal Constitucional alemán veía en esa medida una forma de transferir riqueza y riesgos de un país a otro y, por vez primera en la historia, el 14 de enero de 2014, planteó una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TJUE estableció el 16 de junio de 2015 que el programa es legal, no constituye una medida encubierta de política económica, y no infringe la prohibición de financiación monetaria prevista en el Tratado de la UE. Finalmente, el 21 de junio de 2016, el Tribunal Constitucional alemán ha aceptado el pronunciamiento del TJUE.
(*) Doctor en Derecho. Universidad Internacional de Canarias
