Continúan atascadas las negociaciones para formar un gobierno grato a los mercados. Y las dificultades prácticas para conseguirlo son obvias. El señor Rajoy, a quien corresponde la iniciativa por ser la cabeza visible de la minoría mayoritaria, no puede renegar expresamente de las iniciativas que sacó adelante en el Parlamento cuando gozaba de mayoría absoluta (ley mordaza, copago farmacéutico, reformas laborales y educativas, etc). De una parte, sería tanto como reconocer que estaba profundamente equivocado, y de otra, que está al frente de un partido que tiene de los principios en que basa su actuación política la misma opinión cambiante que exhibía cínicamente el conocido humorista Groucho Marx respecto de los suyos: "Si no le gustan, los cambio por otros". Y los otros tres líderes de las formaciones que le siguen en votos tienen dificultades parecidas a la hora de explicar a sus votantes cambios drásticos en las promesas que hicieron durante la campaña electoral. Especialmente el PSOE y Ciudadanos que pusieron como premisa para llegar a cualquier clase de acuerdo la eliminación de Rajoy como interlocutor valido. De Podemos, no hay que decir nada porque ya ha entendido que no puede contar con el PSOE para buscar una alternativa de izquierdas y se prepara para una larga travesía parlamentaria a la espera de una ocasión mejor. (El cielo del poder queda lejos y llevará tiempo alcanzarlo). Esta situación pantanosa pone de los nervios a los medios y se suceden las criticas a la clase política en su conjunto por su inoperancia y su falta de iniciativas. En un periódico nacional importante ha llegado a editorializarse pidiendo que se "vayan todos", que fue el grito desesperado de las empobrecidas masas argentinas cuando la crisis del "corralito" económico. Aquí, aún no hemos llegado a ese grado de exasperación, pero no cabe duda de que asuntos de la máxima importancia, como los presupuestos generales del Estado o las exigencias de la Unión Europea respecto del déficit público, requerirían una urgente atención y no una prolongada gobernanza en funciones. Pero de ese bloqueo no podemos echar la culpa en exclusiva a la impericia de la clase política. Los españoles, en general, están poco dotados para los pactos (el trapicheo es otra cosa) y ese aspecto de su personalidad no escapa a observadores extranjeros. El príncipe de Metternich, de quien hice esta cita en una ocasión anterior, dijo que "el carácter español no admite los matices" y exige que le den toda la razón. Cuando la Guerra Civil española llegaba a su fin (1939) el coronel republicano Segismundo Casado le ofreció a Franco un pacto para darle una salida honorable a la contienda pero el general ferrolano exigió la rendición incondicional. Sin irnos mucho más allá, durante el siglo XX tuvimos, por ejemplo, el Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930) que preparó el advenimiento de la Segunda República; los pactos de la Moncloa (25 de octubre de 1977) que, entre otras muchas cosas, abrieron la puerta al despido libre, eliminaron la censura y despenalizaron el adulterio y el amancebamiento; y el llamado "pacto del capó" (23 de febrero de 1981) que firmó Armada con Tejero para exonerar de culpa a los militares de menor graduación en el asalto al Congreso.
