El damnificado más damnificado de la politización de la Justicia española, Baltasar Garzón, ha presentado junto a otros colegas una demanda en el Supremo para que se ponga orden en la anomalía de la convivencia en un mismo territorio del Valle de los Caídos y la Ley de Memoria Histórica. La denuncia tiene dos objetivos: darles digna sepultura a los que fueron a parar a esta morbosidad extrema de la Guerra Civil y sacar de allí los restos de Primo de Rivera y de Franco, siempre que los descendientes del dictador quieran. Hace unos días una familia también conseguía una sentencia favorable para el traslado de los restos de un descendiente. Es tremendo, pero este cierre sin hebilla de la Historia explica la incapacidad de los políticos actuales para cerrar un pacto, y hasta el merodeo del PP para interpretar la Constitución a su favor en lo que se refiere a la investidura. Está claro: no han podido enterrar para siempre esta baba negra ni establecer las pautas para un final feliz de la Guerra Civil ochenta años después de su inicio. Pues con el mismo empecinamiento se muestran a la hora de sacar adelante un gobierno. Digamos que cualquier claroscuro en una familia ayuda a retrasar la bendición notarial de un testamento. Tenemos, pues, el mérito de judicializar hasta los muertos del conflicto entre españoles, de acabar ante los jueces para reclamar digna sepultura, dado que hay dos Españas que interpretan de distinta manera la Guerra Civil, y una de ellas se niega a aplicar la Ley de Memoria Histórica. Garzón y otros abogados reclaman en su demanda una sesión especifica en el Congreso de los Diputados para pedir perdón a los españoles por el desfiladero que se abrió entre 1936 y 1939 y, por supuesto, la conversión del monumento a la locura -con la anulación del decreto del 1940 que le dio amparo- en un valle de la paz, en un baúl de la memoria, en un ejemplo de lo que nunca tuvo que ocurrir. ¿Será posible? Tengo dudas de que sea posible. Ojalá me equivoque.
