El nuevo intento de formar gobierno, de momento, no mejora las cosas. La jornada final de las consultas merece figurar en el anecdotario más selectivo del enredo político. Pasado un mes desde las elecciones, Rajoy acudió al palacio de la Zarzuela sin otro apoyo que el de su grupo parlamentario, no obstante aceptó el encargo de Felipe VI y en su comparecencia posterior, ante la insistencia de los periodistas, quiso dar vía libre a la especulación sobre su presentación a la investidura. Sin fecha para la sesión, ni él ni el PP han aclarado aún si se celebrará, sino todo lo contrario, y mientras el artículo 99 de la constitución absorbe el debate nacional.
Los dirigentes del resto de los grupos políticos llegaron a pensar que Rajoy se les escabullía otra vez. Habían presionado fuertemente durante toda la semana para que afrontara por fin su responsabilidad y, nada más conocer la propuesta del rey y ver así cumplido su objetivo, corrieron ante los micrófonos para proclamar que está todo hablado y que no facilitarán la investidura del candidato, a sabiendas de que pueden obstruirla, dado el rechazo inamovible de Podemos y los independentistas. O sea que tenemos un candidato sin apoyos, unos partidos que empujan al aspirante al Parlamento para darle allí el golpe de gracia, pero que son incapaces de ensamblar un gobierno distinto y, según cuentan los protagonistas, una ausencia total de conversación entre ellos, no digamos ya de negociación. Cuesta no ver en todo esto un residuo de una tendencia autodestructiva, de efectos pobres si no nefastos, que ha sedimentado en una parte de la tradición política española. Si no fuera por esos restos todavía activos, no pasarían algunas de las cosas que pasan.
Un partido enfangado en la corrupción con una victoria electoral en la mano es un problema de primer orden para un país avanzado, pero no lo es menor, si ese país quiere ser una buena democracia, la pretensión de hacer presidente del gobierno a alguien que en primera instancia no ha sido elegido por los votantes para ese puesto. El plan inicial de Ciudadanos, un tripartito con el PP y el PSOE, expuesto por Albert Rivera con apelaciones de respeto a la Constitución y al mandato de los votantes, incluye la condición de sustituir a Rajoy, recién elegido en las urnas para ser presidente, por otro candidato que sería consensuado entre las direcciones del PP y Ciudadanos, al margen de los electores.
La creciente personalización de la política española tiene un reflejo particularmente intenso en la lucha por la cima del poder político. La competición electoral se reduce cada vez más a una pugna entre candidatos por ver quién presidirá el gobierno. Quizá sea esta la razón que ha llevado a Pedro Sánchez a confundir unas elecciones con un plebiscito, al afirmar que la mayoría ha votado contra Rajoy, cuando lo cierto es que ha ganado las elecciones. Por eso, los partidos señalan a su candidato a dirigir el Ejecutivo colocándolo en el puesto más destacado de sus candidaturas, por lo general en el número uno de la lista por Madrid.
Los votantes saben perfectamente cuál es el aspirante de cada partido. Rajoy fue el candidato del PP sin traba legal ni oposición interna, ganó dos elecciones seguidas y ha sido propuesto por el Rey para formar gobierno. No se encuentra en ninguna de las situaciones que los candidatos del PSOE y de C's mencionaron en los debates electorales como causa de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público.
La exigencia de estos partidos de que Rajoy se someta a la sesión de investidura negándose al mismo tiempo a negociar es un modo de proceder impropio, máxime si quieren evitar otras elecciones, salvo que haya un móvil oculto que dé sentido a este despropósito. Veremos si por parte de Ciudadanos es una manera de incitar al PP a una negociación generosa a cambio de su voto o se trata, por el lado del PSOE, de la solución anunciada por Pedro Sánchez y el precio que tendrá que pagar el partido por ella. Debemos esperar para saberlo.
El dirigente socialista, que se mostró hermético ante los periodistas, apuntó el jueves la importancia de hacer pedagogía con la ciudadanía. Desde luego, es una tarea pendiente de nuestra democracia. En la presente situación hace falta más que nunca. Pero al respecto poco cabe esperar de los partidos, ocupados en el juego del poder, que entre sus fines no tienen precisamente el de facilitar a los ciudadanos la comprensión de la actividad política. Está claro.
