La imprudencia de un joven alemán que quemó papel higiénico en una zona repleta de vegetación seca en el municipio de El Paso ha provocado el peor incendio en siete años en La Palma, que ha dejado un fatal balance: un agente forestal muerto, 4.000 hectáreas de bosque quemadas y 2.500 vecinos evacuados. El trabajador medioambiental del Cabildo de La Palma, Francisco José Santana, de 54 años y más de dos décadas de dedicación, casado y padre de cinco hijos, perdió la vida tras verse rodeado por el fuego en los montes por un cambio de viento cuando intentaba desalojar a personas afectadas por el siniestro. Una tragedia por la pérdida de una vida y por el desastre medioambiental en pleno corazón verde de la Isla Bonita.
Canarias se ha visto sacudida por incendios forestales muy graves en la última década. En 2007 ardieron 20.000 hectáreas en Gran Canaria y, en 2012 se quemaron 4.100 en La Gomera, con el 25% del Parque Nacional de Garajonay afectado, pero desde hace 32 años (1984) no se enfrentaba a una muerte provocada por este tipo de incidentes. La Palma llevaba tres veranos consecutivos sin grandes catástrofes medioambientales, pero esta semana se ha enfrentado -y aún se enfrenta- a un fuego que ha obligado a los servicios de emergencia a trabajar durante días y a redoblar sus esfuerzos.
Las distintas administraciones reaccionaron el miércoles con celeridad cuando se alertó de un conato de incendio en El Paso. Los servicios contra el fuego estatales, autonómicos, insulares y locales se pusieron manos a la obra para combatir las llamas. 350 efectivos del Cabildo de La Palma, la Unidad Militar de Emergencias, los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria, policías locales de varios municipios, la Policía Canaria, el Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y Protección Civil participaron en las labores de extinción, junto a doce helicópteros e hidroaviones.
A diferencia de otros sucesos de similares características, la coordinación ha sido buena. Ninguna voz se ha alzado contra las administraciones implicadas para censurar la actuación o para exigir más medios. Todos los efectivos se movilizaron de inmediato y actuaron en un escenario terrible en el que el viento variable y las altas temperaturas dificultaban la extinción de las llamas. El propio presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, valoró el viernes que la Isla disponga de más medios que permitan luchar con más garantías contra las llamas. El mandatario palmero agradeció además el envío de medios del Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma.
Relevante fue también la presencia de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se desplazó a La Palma para acompañar al presidente canario, Fernando Clavijo, en la coordinación de los servicios contraincendios, lo que facilitó la logística y ayudó a combatir contra el fuego.
Pese a la rápida respuesta y la multiplicación de efectivos, helicópteros e hidroaviones, todos los medios disponibles de actuación son pocos cuando de vidas o de salvar el patrimonio ecológico de las Islas se trata. Y la prevención, por encima de todo, es crucial para evitar este tipo de catástrofes naturales.
El incendio abre otro debate que tan solo cobra actualidad cuando las llamas prenden en nuestros montes: la responsabilidad de los culpables. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural pidió el jueves un endurecimiento de los castigos penales y económicos contra los incendiarios. El Código Penal fija penas de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses para los culpables de fuegos premeditados que, en caso de peligro para la vida o integridad física de las personas, se incrementan a penas de prisión de entre 10 y 20 años. En el caso de que el incendiario sea detenido in fraganti antes de que el siniestro se propague, es castigado con una exigua pena de entre 6 meses y 1 año, por lo que lo más probable es que ese delincuente ni siquiera pise la cárcel.
Aparte de la existencia de heridos o fallecidos por el fuego, el criterio para dictar una condena mayor o menor depende de varios factores: la importancia de la superficie quemada, la gravedad de los efectos erosivos en el suelo, la alteración significativa de las condiciones de vida animal o vegetal, la afección de un espacio natural protegido, el grado de deterioro o destrucción de recursos y los beneficios económicos que buscara el autor del incendio.
En todo caso, el peso de la ley debe caer sobre los terroristas ambientales para que sus delitos no queden impunes y además es preciso remodelar la legislación con objeto de imponer penas mucho más duras que las actualmente existentes.
Las consecuencias, de no tomar medidas, ya las conocemos.
