Es conocido desde tiempos remotos la gran importancia que tiene nuestro reducido territorio insular. Este enclave -aparte del valor estratégico- demanda hacer frente no sólo a su población, sino a otra que podríamos llamar turística, cuya importancia es muy relevante.
Llevamos años oyendo un adjetivo, "sostenible", desde muchos ámbitos se usa esta calificación para validar un proceso, y en ocasiones, se pervierte el concepto. Consumir recursos sin secuestrar la posibilidad de hacerlo a las próximas generaciones es condenar el futuro, y el Anteproyecto de La Ley del Suelo nos aboca a una muerte segura: "consumir" suelo con la excusa de activar la economía y crear empleo es algo más que demagogia, afrenta las nuevas perspectivas de la gestión de este patrimonio, y persiste en animar un modelo económico obsoleto carente de las derechos más básicos.
¿Por qué no valorizamos nuestro capital natural y humano? Existen diversos modelos económicos que nos ofrecen un futuro mejor. ¡Cuánto recurso intangible no se deja aflorar para fomentar sólo la dependencia!
Por supuesto que es necesario mejorar y adaptar el ordenamiento territorial y ambiental, pero no a golpe de mayoría; la búsqueda de consenso garantiza la perdurabilidad de la norma más allá de esta legislatura. La participación ciudadana compromete a la sociedad y garantiza la consolidación de una democracia participativa de facto.
Desde la plataforma Canarias territorio sostenible llevamos meses ahondando en las perversas grietas del documento. No es fácil digerir casi doscientas páginas de texto, otros lo han metabolizado por mí y lo agradezco, un ejemplo más del poder de la cooperación para alcanzar un objetivo para el bien de todos, y no de unos pocos.
Quiero destacar algunas disonancias chirriantes que no han sido argumentadas con claridad:
- El gobierno puede excluir discrecionalmente de Evaluación Ambiental instalaciones ganaderas. La Evaluación de Impacto Ambiental es una garantía para implementar cualquier uso del territorio; esta discrecionalidad es peligrosa y opaca.
- Se establece la oportunidad de desclasificar espacios protegidos, siempre que estos hayan perdido su valor natural, excepto en el caso de incendios. La oportunidad de regenerar -sin desclasificar ni hacer perder su protección- a los espacios degradados, rentabiliza estos como patrimonio, máxime si tenemos en cuenta la extraordinaria riqueza de la biodiversidad autóctona de nuestras islas.
- Transferencia de la gestión territorial a los municipios. El gobierno autonómico renuncia a la ordenación del territorio, y delega esta competencia en los municipios, dejando la visión estratégica de la Comunidad Autónoma miope, o mejor ciega. ¿Cómo se establece el rendimiento de la inversión en infraestructuras, si el margen de utilidad se limita? ¿Dónde queda la política de movilidad y transporte, sin la perspectiva global del entramado de servicios a la ciudadanía?
- Excepciones de usos complementarios, impropios y de declaración de interés en suelo rústico. El suelo rústico aporta paisaje, biodiversidad, cultura, y desarrolla un sector olvidado en nuestra economía; el sector primario demanda un re-enfoque para hacer atractiva esta actividad y capitalizar su esfuerzo. La oportunidad de producir alimento, agua -con depuración natural- y energía -con biodigestión anaerobia- es una sinergia poderosa que resalta la rentabilidad ambiental junto a la social y económica.
- Establecer proyectos estratégicos de interés social desde el gobierno. Ya tuvimos en Las Palmas de Gran Canaria un ejemplo de "infraestructura estratégica", una incineradora de biomasa forestal importada de América; sin información suficiente se valoró su idoneidad, y casi consiguen hacer realidad este equipamiento kafkiano (habrá que aprovechar los recursos energéticos locales antes de importar pellets de Brasil).
No se pueden eludir los retos que impone el momento actual:
- La dinamización de la soberanía energética, alimentaria e hídrica, conlleva la materialización de una expectativa consolidada: no depender del exterior si podemos proveernos de forma sostenible, sin sobre-explotar ni contaminar, esos recursos a nivel local; por supuesto que el comercio es importante, pero planteado desde el auto-abastecimiento de recursos básicos para la supervivencia: importar alimentos, sin aprovechar los recursos propios para producirlos, es completamente insostenible.
El sector del transporte, considerado en su totalidad, supone casi el 80% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) de nuestro modelo económico; el ordenamiento territorial y el equipamiento racional son determinantes para abordar un modelo de movilidad que reduzca drásticamente estas emisiones.
- El cambio climático es un hecho con consecuencias en todos los ámbitos, socio-ambientales y económicos, fortalecer nuestra resiliencia es imperativo: aprender del pasado, adaptarnos al presente y prevenir, en alguna medida, el futuro. La huella de carbono, la huella ecológica y la huella del agua, facilitan la comprensión de los efectos de nuestros consumos de recursos -energía, territorio y agua-, y orientan la transición a un nuevo modelo que optimice estos sin emisiones.
- La reserva de suelo es estratégica, preservar territorio en espacios insulares es de vital importancia, máxime si las expectativas son de un incremento del nivel del mar por el aumento de la temperatura media del planeta.
Sin medir no se puede gestionar, nos sobra todo ordenamiento sin apoyo que valide la idoneidad del modelo. Parece que el Parlamento canario decide vivir una realidad paralela, en un verdadero maremágnum de normas y competencias desconectadas del objetivo de ser vanguardia, referente en innovación, donde los residuos son recursos que no han cerrado su ciclo de vida, y el suelo es algo más que un solar.
El gobierno autonómico desaprovecha la oportunidad de comenzar el tránsito a la Tercera Revolución Industrial, donde la prosperidad no está vinculada al crecimiento, y el sistema socio-ambiental cuenta con una economía a su servicio.
Qué podemos esperar de un gobierno, unos cabildos y unos municipios que no han sido capaces, ni tan siquiera, de garantizar el bien más preciado y fundamental, el agua, que han puesto en manos de las multinacionales. Se ve claro en esta nueva Ley del suelo, que la totalidad del territorio también se pretende regalar a estas entidades, y no sabemos a cambio de qué.
(*) Doctora en Ingeniería del Terreno, Máster en Gestión y Auditoría Ambiental, y licenciada en CC Químicas (profesora de Educación Secundaria y miembro de EQUO-GC)
