Dos elecciones sucesivas y los consiguientes períodos posteriores a la búsqueda, al parecer inútil, de un presidente de Gobierno hacen rechinar un entramado legal hasta ahora nunca puesto a prueba en sus límites para detectar las insuficiencias. Hay ya sobrada constancia de que, entre las reformas que urge acometer, si algún día salimos de esta empantanada situación política, figuran las relativas a afinar la legislación electoral y el proceso posterior al paso por las urnas, para subsanar esos vacíos que propician caer en la tentación del ventajismo, como se ha comprobado en las últimas semanas.
El calendario político de un país no puede quedar a merced de la exclusiva voluntad de un candidato y de sus ambiguas intenciones. El intento de ablandar voluntades con el recurso desesperado a un juego de fechas que abre la posibilidad de terceras elecciones en Navidad aviva las urgencias reformistas.
El PSOE prepara una modificación de la Ley Electoral que, ante un nuevo fracaso en enjaezar a un jefe del Ejecutivo antes del 31 de octubre, evite las tensiones familiares que puede generar una jornada de reflexión en Nochebuena. La propuesta de reducir la campaña electoral a una semana tendría tres efectos inmediatos.
El primero sería el de anticipar las terceras elecciones al 18 de diciembre e impedir que el peso de la política gravite sobre tan entrañables fiestas. El segundo consistiría en librar a los electores del tedio de dos semanas de torpes mensajes, reiterados con una obscenidad que no alcanzan ni las jotas de Echenique. Y el tercer logro es que los partidos afronten un gasto considerablemente menor, algo muy tranquilizador cuando sabemos que arrimar de manera oculta fondos para sus campañas está en el origen de un elevado porcentaje de las corruptelas políticas de este país.
Pero la propuesta socialista no está motivada sólo por un afán de reforma o interés en aliviar el sufrimiento de los electores. Su intención es también poner al PP en el compromiso de demostrar que en la fechas elegidas por Rajoy no encubren ningún afán de castigo. El respaldo, ya anunciado, de C's y Podemos, a la iniciativa del PSOE le garantiza una mayoría de 188 votos en el Congreso, aunque en el Senado no tendría respaldo suficiente sin el PP. Después, en unas Cortes bajo el apremio constante de los días contados, cuando el miércoles el previsible intento fallido de Rajoy inicie el tiempo de descuento, todo dependería de la celeridad con la que el Gobierno se pronuncie sobre el cambio normativo, que tendría que ser una proposición de ley porque, como avisan los expertos, un Ejecutivo en funciones carece de potestad para tramitar planes legales.
Como en un bucle, todo el calendario quedaría en manos de nuevo del mismo que lo trazó a su conveniencia, lo que anticipa el previsible fracaso de esa modificación. Lo que no significa que se olvide la importancia de esos cambios si alguna vez se recupera un clima político menos convulso.
