En 1991 tuve la oportunidad de pensar en el territorio canario desde el puesto de consejero de Política Territorial y Medio Ambiente.

El equipo que dirigió esa Consejería pronto observó que la dinámica social y la forma como se consumía el territorio por los distintos agentes iban a dificultar la gobernación del territorio por leyes y solo por leyes y por eso se lanzó la idea de un Pacto del Territorio. Ese pacto significaba en caso de tener éxito y algo de éxito tuvo, si bien su influencia al final resultó ser tan solo testimonial, que había que gobernar ese territorio con buena dosis de buenas costumbres y no solo con la ley. Ese Pacto consistía en una serie de normas y principios que libremente aceptados por todos los agentes sociales intervinientes hicieran posible que dentro del espectro de decisiones a adoptar se ampliara la base del consenso minimizando la parte del disenso. Los ciudadanos adaptarían parte de sus pautas motivacionales a una reglas compartidas.

Ese Pacto asumido por todos sería una suerte de catecismo laico a cumplir cuando afectaran al territorio. En otras palabras, una ética de buena fe territorial que posibilitarían unas leyes de mínimos. Y valorando lo que decía Eugenio d'Ors: entre dos explicaciones debemos escoger la más clara, si son iguales la más elemental y en caso de empate la más breve.

Sucedió lo contrario. A partir de 1993 y con velocidad creciente, se ha legislado con tal profusión que ha hecho bueno el aserto de Napoleón Bonaparte: "Hacer tantos reglamentos que el ciudadano no sepa por qué lo van a ahorcar". Ignoraron la navaja de Ockham que reitera el dicho anterior pero formulada varios siglos antes: en igualdades de condiciones la explicación más sencilla es la más probable.

En Canarias el debate sobre el territorio ha tenido dos intérpretes y dos sensibilidades: la primera que yo quiero llamar ludita es intentar que no se haga nada. Oponerse a todo. Por desconfianza se gobierna de forma autoritaria. Desconfianza por otra parte merecida pues todos los agentes sociales han maltratado nuestro territorio por un largo periodo de casi 40 años. Es la tendencia ganadora.

La perdedora hasta hoy es la de dejar hacer a cambio que se haga bien. Le llamaré la sajona. Contrastada con éxito esta opción en el territorio anglosajón, ha venido siendo la perdedora.

Pero la tendencia ganadora a fecha de hoy no es solo autoritaria. Es antidemocrática. Porque si un ciudadano tiene un asunto concerniente al territorio y digamos que se trata Gran Canaria, ha de conocer un Plan Insular de Gran Canaria que solo están en condiciones de conocerlo unas docenas de personas. O solicitar un informe de compatibilidad y le pueden caer 100 páginas. Por tanto una élite autoritaria, ha secuestrado el derecho de todos a decidir las cosas del territorio, imponiéndole preceptos hasta el punto de ahorcar su papel ciudadano.

Creo que Canarias tiene dos asignaturas suspendidas: la primera es justamente como ha consumido su territorio y el rechazo ciudadano de esa industria de tanto éxito y que nos ha dado tanto bienestar como es el turismo .Y lo más doloroso para un canario, la destrucción de la vida rural por no tener salidas económicas que hagan digna la vida en el campo.

Como dije que eran dos las asignaturas suspendidas diré que creo que la segunda es que no hemos sido capaces de dotarnos de una clase dirigente.

Por todo esto lanzaré mi tesis: esta Ley del Suelo es mucho mejor de lo que tenemos. Más accesible y clara. Pero debería ser mejor. Y no entiendo como se afirma de forma facilona que ante esta Ley hemos de decir que "Canarias no es un solar". Pues sí, Canarias es un suelo maravilloso que hemos de utilizar y preservar de forma democrática con los mínimos intermediarios autoritarios sean funcionarios o políticos. Canarias es un solar que hemos de utilizar no ya como un diligente padre de familia sino como un abuelo cariñoso que quiere lo mejor para sus nietos y para las próximas generaciones.

Pero si no dijera más no habría aportado nada. Conviene a lo que digo concretar como debe ser mejorado este Proyecto de Ley. Por tanto lo primero que hemos de afirmar es que ante esta Ley debemos atravesar enmiendas parciales y nunca a la totalidad por ser mejor que lo que tenemos. Y por ser urgente.

La Ley tiene aciertos contundentes como el principio de contención que impide que un Plan invada las competencias de otro, cosa que ha venido ocurriendo en algunas islas con el planeamiento insular. Esto impide ocurrencias de quién se lanza a tumba abierta a planificar sin tino. O la sustitución de las Directrices por otras a elaborar ahora, por entender amortizadas las anteriores cosa que pudo suceder por uso o falta de uso. O la eliminación del imperativo de sectorización para desarrollar suelos urbanizables.

Dentro del espectro de decisiones a legislar, creo que los espacios de disenso son tres: el primero sin duda es el tratamiento del suelo rústico. Se lee en la exposición de motivos de la Ley que en los suelos de protección económica, los agrarios y equivalentes la, Ley adopta medidas para que los interesados puedan realizar su faceta profesional y no meramente artesanal y tradicional. Y añade que se persigue que el agricultor tenga rentas complementarias. Una de cal y otra de arena.

Yo creo que por tener un suelo rústico no se generan derechos. El propietario entendiendo la función social de su propiedad debe mantenerlo de acuerdo a la vocación intrínseca porque así se expresan los intereses públicos.

Pero si un ciudadano decide vivir el mundo rural y vivir del mismo tiene derecho a que se le faciliten las cosas porque así se expresa el interés público y conviene a los intereses de Canarias. Por tanto la Ley debió, no digo radiografiar sino digo más, debió realizar un scanner al mundo rural canario para identificar problemas y anhelos y poner la Ley del Suelo a contribución de los ciudadanos que quieran vivir en el mundo rural, medidas para que lo hagan de forma digna. Y cuando digo vivir el campo puede ser para cultivar, pastorear o para instalar negocios relacionados con el mundo rural incluso el turismo. Aquí aparece la propuesta sajona. Permitir hacer cosas si están bien hechas y alejar de la toma de decisiones referidas a este mundo rural a aquellos habitantes de ciudad que piensan que el campo es el sitio donde caminan los pollos crudos.

Desgraciadamente la exposición de motivos de la Ley dejó la pierna dicho sea en tono futbolístico al referirse a rentas complementarias. Y lo digo porque creo que la ciudadanía aceptaría que se consumiera suelo rústico por la población instalada en el medio rural y que viven de ese mundo rural pero no por los ciudadanos que quieren un huerto para los fines de semana y así obtener rentas complementarias.

En suelo rústico que no sea de protección ambiental, el proyecto de ley permite usos residenciales, industriales, turísticos y de equipamientos o servicios no complementarios de los usos ordinarios si son de interés público o social. Aparte concreta cuales son los usos ordinarios y los complementarios de los ordinarios en suelo rústico sea o no de protección ambiental. Las viviendas se limitan a rehabilitación si tienen valor etnográfico o arquitectónico. La Ley establece una casuística de usos permitidos y complementarios que producen confusión. No aparece la claridad que es deseable. Casuística que no llega al fondo del asunto de forma convincente.

Una de la directrices que esta Ley propone derogar dice que el planeamiento insular y el planeamiento general, en su ordenación pormenorizada, tratarán los asentamientos rurales como formas tradicionales de poblamiento rural, estableciendo como objetivo básico de su ordenación el mantenimiento de dicho carácter rural, evitando su asimilación y tratamiento como suelos urbanos o urbanizables en formación. Para alcanzar dicho objetivo, el planeamiento habrá de observar que la delimitación se realice en base al perímetro definido por las viviendas existentes, evitando cualquier extensión hacia el exterior no edificado. Así mismo prescribe que las nuevas edificaciones residenciales se limitarán mediante la colmatación interior del asentamiento.

No parece una solución redonda, es poner puertas al campo y llevar a los campesinos a barrios de segunda categoría. Fue una buena opción cuando se pensó que había que parar la extensión de esa mancha de aceite que amenazaba con destruir todo el suelo rústico. Hoy hay que decidir con otra orientación. Hace falta creatividad y sensibilidad para incorporar medidas superadoras que instalen a la gente del campo en el campo.

Los proyectos de interés insular o autonómico seguramente es el segundo vector del desacuerdo. La Ley permite proyectos de interés insular y autonómico que no estén contemplados en el planeamiento y los permite en cualquier tipo de suelo. Late fuerte el enfrentamiento entre urbanismo de plan y urbanismo de proyecto. Podía en mi opinión existir debate si estuviéramos en Canarias redactando planeamiento con esa ciencia del territorio por bandera y no simples documentos acorde con el derecho urbanístico y habilitantes de distintas actuaciones, pero sin vislumbrar ni a lo lejos un modelo de pueblo o de ciudad ni de detectar ritmos urbanos o crear espacios para la convivencia y la felicidad. Por tanto un Plan hoy , es poco más que normativa y no debe tener el atributo de prohibicionista para ideas mejores y sobrevenidas con el amparo del garantismo y de la participación en las decisiones democráticas.

El tercer vector de la discordia trata de la aprobación definitiva del planeamiento urbano. Este es un asunto político. Los argumentos esgrimidos por los legisladores no son sólidos. No se agiliza nada y será fuente de conflictos cuando otras administraciones informen y terceros recurran por inobservancia de las leyes sectoriales. Desde luego que es rechazable que el informe de la Consejería lo sea sobre una serie de asuntos tasados por las administraciones locales que deben aprobar el planeamiento. Pero claro que la actual Cotmac no puede seguir actuando de forma deshilachada y sin orientación política, diciendo una cosa en Las Palmas y en Tenerife la contraria. Yo propongo que el planeamiento y los asuntos principales del territorio de forma definitiva se diriman ante un Consejo Superior del Territorio compuesto por funcionarios nombrados por el Parlamento. Un tiro por elevación que nos saque de la surrealista piscina de gofio de Julio Cortázar donde hoy nadamos y que le daría al territorio canario la importancia que tiene. Y a los ciudadanos nos daría la confianza y tranquilidad.