Será finalmente el Constitucional el que determine si un gobierno en funciones debe o no comparecer en el Congreso para explicar las decisiones que adopta. El recurso presentado por la oposición socialista ante el alto tribunal demuestra, de todas todas, el relevante grado de descomposición de la democracia española en asuntos tan básicos. La putrefacción de los talantes queda demostrada, una vez más, en la negativa del PP a que comparezca el ministro De Guindos en el Congreso de los Diputados para explicar la candidatura fallida de Soria al Banco Mundial. La cerrazón ultramontana del Gobierno en redundar con su falta de transparencia explica, por sí sola, su torpeza para afianzar cualquier pacto para un ejecutivo estable, o más bien su deseo para ir a unas terceras elecciones. Proteger al titular de Economía contra todos destroza cualquier atisbo de luz, en el caso de que aún quedase alguno, para superar el bloqueo institucional. Rajoy no se esmera, ni mucho menos, en desprenderse poco a poco (nada puede ser veloz en él) de los tics de la mayoría absoluta, para iniciar un proceso como negociador serio, sin balas venenosas. Su propósito regenerador quedó en la cloaca tras esconder a Ciudadanos su propósito de elegir a Soria, y ahora, con De Guindos, redobla esa incapacidad del PP para situarse en la nueva coyuntura política del país tras unas elecciones generales y dos intentos de investidura. A la vista de los hechos, el 'no es no' de Sánchez empieza a parecer hasta razonable. ¿Qué otra cosa se puede hacer frente a un partido que trata de blindar su gestión última? ¿Qué hacer con un líder que aprovecha su interinidad para alejar cada vez más la posibilidad de pacto? ¿Qué conclusión cabe sobre un presidente que echa por la borda la oportunidad del último tramo de su mayoría para establecer consensos? Nadie le va a discutir sus votos ni sus escaños, pero España empieza a tener con él un bolo en la garganta que ni baja ni sube, que desgarra.
