Un alto cargo me dijo una vez que la sanidad era como un sumidero porque se tragaba todos los cubos de dinero que fueras capaz de echar. Y tenía razón. Los sistemas públicos sanitarios son insaciables porque también lo son las necesidades y las expectativas de los usuarios en recibir atención.
Lo que quería decirme -y lo hacía con amargura- es que todo presupuesto siempre es poco para atender la demanda de un derecho universal y gratuito, una de las joyas constitucionales que nos hemos dado. Lejos de una visión economicista a pesar de ser gestor, entendía que detrás de cada euro estaba lo más preciado: la salud. Lo cierto es que siendo la partida estrella del gasto público en Canarias, con 2.600 millones de euros anuales -el presupuesto total no financiero de la comunidad autónoma es de 6.200 millones- es del todo insuficiente. No obstante, se dice pronto pero en las Islas se gastan en sanidad siete millones de euros diarios.
Una cifra para poner en modo temblique no sólo al consejero de Sanidad sino a la consejera de Hacienda y al mismo presidente porque a poco que sea la desviación, aunque sea en gasas y tiritas, ya se imaginan los cubos de dinero que van directos a la cuenta del déficit.
Y ya hemos nombrado a la bicha: el déficit. Sea justo o no, Canarias no puede traspasar su límite y debe ajustar el gasto a su presupuesto con un control milimétrico de sus partidas. De lo contrario, en comparación con la que nos puede caer, ríete tú de las plagas que dicen que cayeron en Egipto.
Pero aquí que cada palo aguante su vela. El Gobierno de Canarias que se ponga las pilas con la gestión de los recursos, virguerías incluidas que es lo que requiere ahora la cosa; los partidos de la oposición que dejen la demagogia barata con asuntos tan sensibles porque ya los querría ver yo en esa gestión; y el Gobierno de España que cumpla, cuando menos, la ley.
Sí, que cumpla la ley. Desde 2014 tendría que haber modificado el sistema de financiación y no lo ha hecho a pesar de ser una obligación que establece la propia norma que lo regula.
Que si ahora no me conviene, que si vienen las elecciones, que si no voy a echar a pelear a las comunidades autónomas, que si no hay más dinero?y un sinfín de patrañas cuyo resultado ha sido mantener a los canarios a la cola de los peor financiados año tras año.
Este infame sistema, al que se le presupone que reparte la riqueza para que todos los españoles tengamos los mismos servicios, nos resta 800 millones de euros anuales para financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales en relación, ya no a las mejor financiadas, sino a lo que recibe la media de las autonomías.
Pero ellos, los del gobierno central, comiendo peras mientras aquí nos petrificamos en interminables listas de espera y, además, poniendo parte del dinero, vía presupuesto canario, para que esto no estalle detrayéndolo de otras partidas regionales muy necesarias.
Cara de poker que pongo -por no irritarme más- cuando dicen que todos somos iguales independientemente de donde vivamos. Mal chiste y peor eslogan que puede leerse en todas las versiones de la Constitución.
Cuando la realidad es que sin dinero suficiente no hay servicios suficientes. Hasta Montoro podrá entender que médicos, enfermeros o celadores aspiran a cobrar sus nóminas cada mes y que los laboratorios, todavía, no suministran medicinas o instrumental sanitario de forma altruista.
Y como esto va de repartir responsabilidades, a los ciudadanos también nos toca. Ser conscientes de lo que cuestan los servicios sanitarios (siete millones diarios) es un buen comienzo. Hacer un correcto uso de los centros de salud, de las urgencias de los hospitales y evitar la medicación que en nuestro nombre alguna vez pide la abuela, son algunos ejemplos.
Aunque nos creamos con todo el derecho y pensemos que es una gota en el océano, también son cubos de dinero que van al sumidero.
