Esta semana participé en un simpático debate acerca de las bondades de apoyar negocios privados por parte de las Administraciones. El debate tuvo su intensidad porque al final, más que argumentos se hablaba de las posturas personales y se olvidaba que en algunas cosas, es difícil encontrarle su alma. Este es el caso del dinero.
La cuestión estaba en que si era importante que se apoyaran proyectos privados, y la primera pregunta era que si el apoyo significaba dinero publico, ya sea en subvenciones u obras complementarias a la inversión privada. Me explico, en muchas ocasiones se presenta un gran proyecto privado de grandes inversiones privadas pero resulta necesario que la Administración realice obras de adecuación más importantes y cuantiosas que el particular no las puede ejecutar porque si así fuera, no le seria rentable la inversión.
Esto no quiere decir que la Administración no deba actuar nunca, ya que en muchas ocasiones el retorno social que tiene la inversión cubre el esfuerzo que hacemos todos con nuestros impuestos. Hay un ejemplo sencillo, en una zona con un alto nivel de desempleo, la propia contratación, lleva consigo un incremento de rentas que produce un efecto multiplicador importante en la actividad económica, el retorno social es el propio empleo generado, especialmente si reúne las condiciones de calidad y estabilidad. Hay otras ocasiones en que el propio tributo que se recauda es el retorno social del dinero publico invertido.
Con este planteamiento, que es muy simple, el dinero público podríamos decir que estaría bien administrado porque siempre hay usos alternativos, desde escuelas, a subsidios, a comunicaciones, que en el caso de Canarias tiene un efecto social manifiesto, o sanidad, bien administrada, no el régimen actual, por supuesto.
Pues bien, dicho esto, que creo que no es especulativo, se echa de menos en todos los grandes proyectos que nuestras Administraciones que con tanto bombo y platillo exponen, un cálculo de cuál es la inversión publica que se esta haciendo y cuál es el retorno social que se va a obtener, a valor actual, por supuesto.
Me explico, proyectos que todos tenemos en la cabeza, que se ejecutan en espacio público, que reciben subvenciones o bonificaciones fiscales, ayudas de Estado en general, que supone esfuerzo para la Administración, traducido en ayudas directas a la Empresa, reposición de espacio publico, en algunos casos es sencillo cuantificar, como es la construcción de otros diques o muelles en otros lugares, o variantes de carreteras, creación de carriles especiales de circulación, puentes, traslado de naves de ayuda humanitaria, construcción de un parquin, construcción de un museo, cesión de suelo, etc, y no nos olvidemos de los costes medioambientales, entendidos estos en sentido amplio. Todo debiera ser cuantificado.
Y como todo esto tiene su valor se debe comparar con el empleo generado, directo e indirecto y los impuestos recaudados u otros beneficios sociales obtenidos. Es decir, por un lado tendremos los costes directos e indirectos y de otro los ingresos directos e inducidos, calculados con realismo, no con régimen de cuento de la lechera.
La diferencia será el beneficio social o la pérdida social. Además obtendremos las herramientas para determinar si es justo y equitativo del reparto entre el retorno social y cuanto es el retorno privado. No vaya a ser que esté desproporcionado, es decir que lo publico cubre el setenta por ciento del gasto y solo recibe el treinta y lo privado al contrario, porque si no se trata de un servicio publico, nos estarían tomando el pelo.
Esta metodología, que en muchos países se emplea y es donde radica el debate social, no la he visto en ninguna decisión política, ésta se mueve por el capricho, por el engaño, hay veces que uno no piensa que puedan ser tan tontos algunos que hemos elegido, y otras veces por la propia y absoluta corrupción y el engaño. Se monta una buena campaña publicitaria, y a correr, en alguno casos he visto que los promotores cuando tiene las ayudas comprometidas, directamente venden el negocio, y en otras ocasiones vemos solamente el trabajo de un consultor especializado en practicas corruptas, y así sucesivamente.
Desde luego no he visto el debate de costes y beneficios sociales, un ejercicio de transparencia auténtico. Nunca se ha sometido el político o el promotor a un debate público, prefiere la campaña de comunicación y la demagogia, y creo sinceramente que esto nos ayudaría a ver qué es lo que hacen con nuestros impuestos. Sé de lo que hablo.
