Se habla cada vez más, en ámbitos de la derecha política, de "partidos constitucionalistas". En realidad, "constitucionalistas" deberían ser todos aquellos que se han formado al amparo de la legalidad vigente ( e incluso en los casos del PSOE, del PCE, del PNV y de Esquerra Republicana con anterioridad a la República y a la Guerra Civil), pero la malicia de los que han puesto en circulación el termino intenta asimilarlo solo a los valores el sector más conservador del electorado.
De acuerdo con ese esquema serian "partidos constitucionalistas" aquellos que dicen defender con más convicción que otros, la unidad de España , las directrices de la Unión Europea, la economía global de mercado y la pertenencia a la OTAN. Y por contra serian "partidos no constitucionalistas", los que defienden proyectos soberanistas o independentistas aunque estén de acuerdo en todo o en parte con el resto de los postulados. Por supuesto, en el primer grupo van incluidos el PP y Ciudadanos y en parte también el PSOE, siempre y cuando no caiga en la tentación de apoyar proyectos federalistas demasiado explícitos o formar parte de coaliciones excesivamente orientadas hacia la izquierda. Y en el segundo, PNV, Esquerra Republicana, Convergencia (o como se llame ahora), y Podemos y sus confluencias que, respecto de los proyectos soberanistas mantienen una peligrosa apuesta por un ambiguo derecho a decidir, y respecto del proyecto político están situado ( al decir de la derecha) en el ámbito de los partidos llamados "antisistema". ( Por cierto, que haya más de cinco millones de votantes "antisistema", si asimilamos el termino al radicalismo nihilista, no deja de ser preocupante).
Todo este juego de palabras no deja de ser pura propaganda, pero los que lo han puesto en marcha confían en que les de buenos resultados electorales. Pese a todo, hay que advertir que esa interpretación interesada de lo que significa el "constitucionalismo" no es de ahora mismo. Ya en la etapa de gobierno de José María Aznar se empezó a hablar del asunto en los foros de agitación política del PP. Según esa línea de pensamiento, la Transición había sido planificada por personajes señeros del franquismo (entre los que por supuesto se encontraba Fraga Iribarne) y guiada con mano firme por el Rey Juan Carlos, que confirmó lo acertado de su designación por el dictador durante el episodio azaroso del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Y, por supuesto, la definitiva armazón jurídica del Estado democrático se articula en la Constitución de 1978, que es casi una carta otorgada que la derecha que procedía de la dictadura tuvo el detalle de compartir en su redacción con la izquierda y sectores de la derecha liberal que habían sido derrotados en la Guerra Civil.
Una generosidad que no se puede traicionar proponiendo reformas peligrosas o peor aún proyectos constituyentes.
