A media mañana ya ardía Twitter y algunas decenas de móviles despedían el humo pestilente de la hipocresía y de la venganza. Francamente los más graciosos procedían de esa izquierda maravillosamente irredenta que le reprochaba (automáticamente) al PSOE seguir de la mano de Coalición Canaria en el Gobierno regional, en el Cabildo de Tenerife y en ayuntamientos como los de La Laguna, mientras los coalicioneros intentaban volar la Alcaldía de Jaime González Cejas a través de una moción de censura. La misma izquierda estrábica que lleva meses insistiendo en que el gobierno municipal de González Cejas es intolerable y que el alcalde -estrangulado por una madeja judicial cada día más tupida- debería haber dimitido hace meses. El veterano alcalde sureño concurrió a sus enésimas elecciones ya imputado judicialmente por una ristra de graves delitos y se asegura que antes de fin de año se abrirá juicio oral contra González Cejas y varios concejales socialistas, entre ellos, Nicolás Jorge, que gestionó con un estilo inigualable el área de Urbanismo, y al que en una lejana ocasión escuché una frase perfecta que define maravillosamente su larga y leal relación con el alcalde: "Por supuesto yo me debo a mi compañero don Jaime González Cejas..."

Las mociones de censura -como el proyecto de Ley del Suelo- sirven ahora para muchas cosas. Primero están los intereses de los directamente involucrados. Es difícil, sinceramente, no compartir algunas observaciones de José Domingo Regalado y sus compañeros de la CC de Granadilla. Que un caballero como González Cejas -que solo logró la mayoría relativa en las elecciones locales del pasado año- continúe pastoreando los destinos del municipio cuando está a punto de abrírsele juicio oral por delitos de prevaricación no resulta precisamente tranquilizador, y que en estas hazañas judiciales la acompañen la mitad del equipo de gobierno y varios cargos de confianza no mejora las cosas. Pero Granadilla es una línea roja del pacto regional entre Coalición y PSOE. No parece demasiado sagaz imaginar a Fernando Clavijo auspiciando una moción de censura que podría volatilizar su gobierno. Una hipótesis más alambicada, según la cual Clavijo y compañía están intentando debilitar la figura política de la vicepresidenta y consejera de Empleo, Patricia Hernández, donde más de duele, es decir, en municipios donde consiguió la mayoría para su designación como candidata socialista, es más sugerente, pero igualmente débil. Lo que ocurre es que después de las reformas legales de hace pocos años, destinadas a neutralizar la autonomía de los concejales en los municipios españoles, Clavijo, a través de su médium de peluche, José Miguel Barragán, puede abortar la moción en 48 horas. Basta con expulsar sumarísimamente a los concejales censurantes, que pasarían a ser ediles no adscritos, sin capacidad de presentar ninguna moción de censura. Y es lo que ocurrirá. Clavijo no tiene ningún recambio gubernamental ahora mismo. Y los trabajos, peligros, disgustos, hipotecas y miserias que costaría urdir una mayoría con el PP y Casimiro Curbelo no valen por Granadilla de Abona. Un precio demasiado elevado y riesgoso. De esta el pacto no se muere: puede seguir agonizando en paz.