Editorial

El peligroso desafío de la huelga filarmónica

17.09.2016 | 23:44

El fallido concierto del pasado viernes no formaba parte de la temporada oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y había sido cancelado por sus promotores, razón por la que no debería valorarse como materialización de la huelga decidida por una parte -mayoritaria- de sus trabajadores. Los tres próximos conciertos que abarca la convocatoria sí son de abono y su posible suspensión constituye un hecho sin precedentes que merece un análisis constructivo. El derecho a la huelga es indiscutible, pero sus motivaciones y efectos pueden y deben ser discutidos por todas las partes afectadas: concretamente, los convocantes, el organismo que sostiene la orquesta y, naturalmente, los ciudadanos destinatarios de toda inversión de recursos públicos. A través de la Fundación creada al efecto, el Cabildo de Gran Canaria es en exclusiva el ente patronal. Su responsabilidad no se limita al pago de las nóminas sino que tiene como deber prioritario las decisiones inherentes a la correcta administración y el mejor rendimiento de los siete millones de euros que reserva anualmente el presupuesto insular al mantenimiento de uno de sus entes de cultura. No parece razonable que admita ser excluido de algo tan sensible como la contratación de personal, fundamental para el éxito o el fracaso de ésta y de todas las empresas públicas o privadas. Si fuera cierto que el convenio vigente prescribe esa exclusión, es muy probable que no exista nada similar en el resto de las orquestas públicas del mundo.

Sorprende, en principio, que una huelga de trabajadores plantee el despido de otros dos trabajadores contratados por la Fundación del Cabildo. Sin prejuzgar la argumentación de los convocantes, esta anomalía es social y legalmente inasumible. La primera exigencia de despido concierne a una joven violinista grancanaria que superó brillantemente todas las pruebas de un concurso de selección, excepto la presuntamente reservada a los músicos promotores del paro. Antes de seguir, digamos que en la plantilla de la Filarmónica no llegan al 30% los instrumentistas canarios, extraña singularidad mantenida durante décadas. No se trata de reivindicar prioridades de cuna, sino del elemental derecho a competir en igualdad de condiciones para que cada plaza sea ocupada por el mejor de sus aspirantes, superioridad que habría de ser contrastada por una representación de la plantilla, otra de la patronal y una tercera del público destinatario. Respetando las calidades de quienes las tengan, se entiende la extrañeza social ante las titularidades vitalicias que no se abren a la confrontación de méritos con los muchos canarios que ocupan atriles en grandes orquestas españolas y extranjeras, ni siquiera a los jóvenes instrumentistas supuestamente formados en la Academia de la Filarmónica (también sostenida por el Cabildo).

La alegación de velar por el futuro de la Orquesta y sus calidades como previsión de extraordinaria importancia, es noble y necesaria pero se contradice con el hecho de que un elevado número de instrumentistas de plantilla no han pasado por prueba alguna de selección o, habiéndola suspendido, siguen en sus atriles. Esta insólita discriminación puede ser constatada por el Cabildo y naturalmente esgrimida frente a la repentina exigencia de despido de una violinista grancanaria que superó todas las pruebas, salvo la unilateral de quienes tratan de despedirla por motivos que caerían por su base en un recital público de la afectada. La rigurosa vigilancia de la calidad y el futuro de la Filarmónica tendría que legitimarse en la petición de pruebas de aptitud a todos cuantos no las hicieron o no las pasaron. De lo contrario, el celo manifestado quedará en palabras. Añádase a esto el que todas las orquestas que se respetan a sí mismas realizan esas pruebas como rutina periódica. La discriminación laboral no es de recibo ante la sociedad, ni en los tribunales si llegara el caso.

En segundo lugar, la huelga exige el despido -o la dimisión, que no es lo mismo- del gerente de la Filarmónica, cuya cultura musical denigran sin constatación de clase alguna y al que se atribuyen difusos comportamientos lesivos para los intereses de los trabajadores. Partiendo del hecho de que ninguno de los gerentes anteriores fue profesional de la música, sino justamente de la gestión, que es de lo que se trata, el actual superó con creces las prescripciones del concurso público convocado al efecto y, según informaciones pertinentes, desarrolla con idoneidad las gestiones que la patronal espera de él; entre otras, la correcta reorientación administrativa, el reparto de juego y la eliminación de prebendas anteriores a su cometido, que no tienen justificación como pluses añadidos a una remuneración salarial por encima de la media de las orquestas públicas españolas. Por estas razones y por la grata reciprocidad lograda entre los públicos y la Orquesta, es aconsejable una reflexión madura sobre las consecuencias del paro anunciado.

Finalmente, el Cabildo considera que el convenio es ilegal y piensa denunciarlo. A mayor abundamiento, estudia el cierre patronal como respuesta a una suspensión de conciertos que yugula el fin último de la cuantiosa inversión pública. No se olvide que, de los 8,4 millones de euros presupuestados para las artes escénicas y la Filarmónica, son siete los que quedan en ésta. Conociendo un poco al presidente Antonio Morales y al consejero insular de Cultura, Carlos Ruiz, habría que repensar con sosiego el riesgo de una crisis profunda y duradera, ocasionada por lo que, en el fondo, no es más que un conflicto de poder, un reto lanzado desde posiciones de privilegio en el reparto de los recursos culturales. Quedan días para negociar.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
laprovincia.es en las Redes Sociales
Enlaces recomendados: Premios Cine