Muchos piensan que la devolución a la Hacienda canaria (o no transferir a Madrid) del importe del Impuesto General del Tráfico de Empresas (IGTE o antiguo ITE) es un 'regalo' a Canarias, cuando es todo lo contrario. En realidad, es un impuesto extinguido en 1985 (o en 1986) en España y que se reintrodujo en 1993 para compensar la ausencia de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Canarias, o lo que es lo mismo, una reducción de la capacidad fiscal de las Islas Canarias porque pagamos al Gobierno central parte de lo recaudado por el IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias), cosa que no hacen otras autonomías que tienen reconocido su diferencial fiscal.

El Estado, en consecuencia, retiene cada año en las transferencias a Canarias una cantidad que se revisa en función de los ingresos reales del IGIC. El Gobierno de España se ha quedado, desde el año 1993 hasta 2009, con cantidades en torno a 300 millones de euros, sin tener en cuenta que Canarias es una de las comunidades peor financiadas por habitante a la que se compensaba con convenios de infraestructuras (carreteras, agua, puertos...) y empleo, que desaparecieron con la excusa de la crisis, mientras otras comunidades han sido favorecidas con obras o con trenes de alta velocidad cuyo coste supera con creces lo recortado en las islas.

A partir de 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a aplicar rebajas del IGTE para compensar la falta de financiación en las islas. Un proceso que finalizó en 2012, ya con e PP en el poder, con la cesión del 50% del IGTE. De ahí que el Gobierno autónomo de Fernando Clavijo ha pactado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la cesión del resto del dinero que el archipiélago tenía que ceder cada año a Madrid, unos 160 millones netos.

Por su parte, el Gobierno de Canarias presidido por Paulino Rivero, ante la caída de ingresos estatales que han dañado seriamente los servicios públicos (sanidad, educación, atención social), procedió a incrementar en 2012 el IGIC del 5 al 7% (un 40% más) dando como resultado que, con menos actividad económica, se recaude más por este concepto. Por ejemplo, en este año, se estima en más de un 6% el incremento de recaudación del IGIC. Y así, mientras se mantiene la maquinaria administrativa (y aumentan los cargos de confianza), todos miran al turismo para que pague más, contrate más y surge, como el Guadiana, la posibilidad de una tasa por turista.

En definitiva, el sector turístico y hostelería supone (directamente) el 31,4% del PIB y el 35,9 del empleo en Canarias. Además, aporta más del 30% de los impuestos que se recaudan en Canarias, pero desde 2012 el sector turístico paga un 40% más de IGIC (los servicios y productos que recibe), y de este dinero el Gobierno de Canarias paga al Estado la parte que le restan del IGTE. Un impuesto más que impuesto y que se nutría, entre otras cosas, de la póliza por turista que fue creada el 17 de julio de 1946 para financiar la Dirección General de Turismo (estatal) con tres pesetas por noche de hospedaje en los hoteles de Primera A y B, y con una peseta por noche en los hoteles de segunda y tercera categoría. Un timbre que se integraría en el ITE en 1964 y que desaparecería al crearse el IVA.

Así, nos encontramos que el impuesto al turista ya no lo pagan las demás comunidades españolas, por lo que seguimos en las mismas con la consiguiente pérdida de competitividad. Y no sólo en la actividad turística por excelencia (hotelería y restauración), sino también en el comercio, ya que el diferencial fiscal entre los productos que se venden en las islas (con un 7% de IGIC) y en la Península (el 21%) es menor y hace menos atractiva la compra que realizaban los turistas en los comercios de cámaras, perfumes, mantelería y tantos que daban vida a los centros y zonas comerciales de las islas.