Cuando se cumplen nueve meses desde el inicio del ciclo de interinidad de la política española el panorama es de espera resignada, hasta ver si los comicios en Galicia y País Vasco desencallan la situación. Pero este periodo no ha sido inocuo, ya que ha contribuido a dañar la actual estructura partidista y amenaza con pasar factura a la economía durante el año próximo.
La situación de los principales partidos que debían buscar un acuerdo para gobernar es peor ahora que en diciembre pasado. Los casos Soria-Guindos, Rita Barberá y Gürtel-Bárcenas, en el PP, muestran a una formación que ha vencido las elecciones, pero gravemente lastrada por una corrupción extendida a toda la organización, lo que le incapacita para cualquier intento de regeneración. El PSOE vive una lucha interna que amenaza con disminuirlo aún más, con una dirección en Ferraz enfrentada a los barones territoriales (favorables a permitir un gobierno del PP), obviando que abriría las puertas a la hegemonía de Podemos en la izquierda (frenada por Sánchez, en junio).
Por su parte, a la melancolía que atenazó a Podemos tras no lograr el sorpasso ha seguido una lucha por controlar la organización, entre seguidores de Pablo Iglesias frente a los de Íñigo Errejón. Por último, y pese a sus proclamas a favor de la responsabilidad, los líderes de Ciudadanos ven impotentes cómo sus apoyos decrecen, porque los votantes perciben más oportunismo y gobernar a cualquier precio que voluntad de "poner los intereses del país por encima de todo". Todo ello, mientras el gobierno catalán advierte con culminar su hoja de ruta secesionista durante el próximo verano y cuando los analistas económicos avisan que la falta de presupuesto afectará, a la baja, al crecimiento de los próximos meses. Las curvas pueden ser pronunciadas, a partir de ahora.
