Al parecer es sumamente sospechoso que el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, haya destituido al gerente de la Institución Ferial de Tenerife por el desajuste contable que el segundo había descubierto en las cuentas de la sociedad pública y que asciende -según la denuncia presentada en Fiscalía por el mismo Ignacio Pintado- a unos 127.000 euros. Podemos exige que se reconozcan responsabilidades políticas y se produzcan dimisiones. Quizás tengan razón, pero no es esa la cultura política moldeada por el Cabildo insular, una corporación de monstruosas dimensiones administrativas que cuenta con casi medio centenar de sociedades, fundaciones y entidades y que gestiona anualmente más de 760 millones de euros.
El modelo estructural y operativo de la administración insular alcanzó su madurez elefantiásica en los primeros años del milenio bajo la augusta presidencia de don Ricardo Melchior, que consideraba la corporación -aproximadamente- como una enorme y hermosa ostra que lo había segregado como perla centelleante e incomparable. Desde quesos hasta casinos, pasando por vanguardias tecnológicas ignoradas en el resto del planeta, el Cabildo intervenía en casi todos los subsectores de la economía tinerfeña con el celo paternal con que Saturno devoraba a sus hijos. Algunos observadores que se consideran liberales afirman que ATI y después CC montó un sistema de intervencionismo keynesiano, y que todos eran más o menos turbadoramente socialdemócratas, pero eso solo evidencia la impertinencia de su crítica. Intervenir desde las administraciones públicas en el mercado de servicios no te convierte ni en keynesiano ni, mucho menos, en socialdemócrata perverso o por pervertir. La socialdemocracia no es la subvención pinturera ni el sostenimiento de actividades improductivas ni el aval financiero a proyectos insolventes. Todo ese aparataje administrativo exigía una complejidad técnica ligeramente selvática y dejaba la fiscalización de las empresas públicas a las propias empresas públicas y a sus sacrificados gestores.
Lo realmente criticable es que este ago-tado modelo político-administrativo, tras más de un lustro de durísima crisis económica y un escenario radicalmente distinto al de finales del siglo XX, haya seguido funcionando, con muy pequeños recortes, hasta un presente de grandes y pequeños escándalos. Esta es la responsabilidad política básica que hay que reclamar: la que debe transformar el Cabildo en una administración insular más eficiente y eficaz, más ligera y más flexible, más y mejor fiscaliza-da interna y externamente. Una administración en la que un desajuste de 127.000 euros no deje estupefacto al consejero de Economía y alguien admita una responsabilidad in vigilando.
