El pacto para la gobernabilidad en las Islas que firmaron hace un año Coalición Canaria y el Partido Socialista se encuentra en la frontera de la ruptura después de un proceso donde ambos partidos tienen que asumir una cuota de responsabilidad, con gestos, declaraciones y actitudes en las que han sobrado la soberbia, la indisciplina, la deslealtad, la marrullería y la maledicencia. Ambos se tenían ganas. Y con la moción de censura en Granadilla de Abona -un municipio en el que los nacionalistas han desalojado de la Alcaldía a los socialistas- hallaron la excusa ideal para convertir un conflicto local -sin excesivas complicaciones para haberlo acotado, amortiguado y controlado sin más- en un estallido regional cuya detonación repercute en los pactos en municipios, cabildos y Gobierno de Canarias. De alguna forma, CC y PSOE se sintieron -tras la moción de censura en Granadilla- al fin liberados de cualquier autocontrol para recrearse en un sadismo político donde se pidieron en sacrificio cabezas -desde la presidencia del Gobierno a la vicepresidenta pasando por la consejera de Hacienda- y se sacaron a pasear los demonios internos, refrenados hasta ahora, en un lodazal de egos y vanidades.

El lío en que se han metido, lamentablemente, ha ido demasiado lejos. Se les ha ido de las manos. Hay quien se lo puede haber tomado como un inofensivo divertimento de provocaciones, pero si se juega con fuego se corre el riesgo de acabar quemado. Uno decide irse y el otro abre la puerta. Por ahora nadie se va y quien se queda no quiere nuevos invitados en la casa y lamenta la marcha de con quien convivió hasta ahora. Que se aclaren. Y aunque, por el momento, esta crisis entre los socios no afecta al funcionamiento ordinario de la labor del Gobierno a ambos, a los nacionalistas y socialistas, esta exhibición pública e impúdica de tanta tontería acaba erosionando porque hacen perder la credibilidad de los ciudadanos en sus gobernantes.

Las discrepancias entre los socios se vienen sucediendo desde que se formó el Gobierno, aunque nunca antes se habían metido en un lodazal como el de ahora que ha salpicado no solo a los partidos sino también al Ejecutivo regional. La primera crisis se produjo a cuenta de la distribución del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas (IGTE) entre las islas. Después por el reparto de los escasos recursos para las nuevas carreteras, que dio lugar a continuos encontronazos entre la Consejería de Obras Públicas, en manos del PSC-PSOE, y el Cabildo de Tenerife, de Coalición Canaria. Con posterioridad con el proyecto de Ley del Suelo saltan de nuevo las chispas entre nacionalistas y socialistas, bajo la presión de diversas organizaciones empresariales y sindicales. Los graves problemas que arrastra el Servicio Canario de la Salud provocaron al final el conflicto más severo con una desautorización pública del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, a la gestión socialista de la Sanidad. Una tensión presupuestaria sanitaria que aún perdura, aunque algo más amortiguada.

El vaso estaba ya lleno. Solo faltaba la gota para que rebosara. Y la gota fue la moción de censura en el Ayuntamiento de Granadilla. Una crisis municipal por cierto nada sorprendente, dado que los municipios de Tenerife son cables de alta tensión de la larga batalla que divide y enfrenta a Coalición Canaria y el PSOE por la hegemonía en la isla. Por ello, extender el acuerdo de gobierno entre los dos socios a pactos en cadena en diversos municipios y cabildos de Canarias fue desde el principio una propuesta arriesgada, que podía desencadenar conflictos igualmente en cadena. Como así ha sido. Que los líderes de estos dos partidos en Tenerife sean, a su vez, el presidente y la vicepresidenta del Gobierno de Canarias añade un agravante que diferencia el acuerdo actual del que ambas fuerzas suscribieron hace cinco años.

No podemos olvidar que el conflicto territorial entre las islas sigue siendo la clave más importante en que se mueve la política canaria. Y mezclarlo con componentes ideológicos lleva a abrir la caja de Pandora y traer vientos de inestabilidad institucional y luchas interinsulares. Existe el riesgo, por ello, de que la ruptura del pacto acarree una grave radicalización de la política canaria, con la formación de dos frentes en permanente conflicto: uno de centro derecha integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular y otro de centro izquierda liderado por el PSOE, con Nueva Canarias y Podemos. Un frente, que no olvidemos, ya está constituido en las principales instituciones de Gran Canaria. Es bien sabido que "el frentismo" es un fenómeno político nocivo. Pero en Canarias sería aún más grave, porque CC y PP dominarían en Tenerife y la izquierda predominaría en Gran Canaria. Y la lucha de ambos bloques terminaría por extenderse al resto de las Islas, dando lugar a una nueva escenificación del pleito insular.

Por tanto, si se rompe el actual pacto de Gobierno se cierne sobre Canarias la amenaza de la inestabilidad y la parálisis política. El escenario sería en particular grave al producirse justo en un momento en que el Gobierno de Canarias no cuenta con los recursos financieros mínimos para afrontar sus desafíos más importantes, entre ellos la urgente mejora y potenciación de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Tampoco con el nivel de inversión pública que exige la recuperación económica. Ni con los recursos para formación y empleo que necesita una comunidad autónoma con uno de los niveles de desempleo más alto de todas las regiones europeas.

Para negociar estos puntos, que integran la llamada Agenda Canaria, el Gobierno autónomo necesita construir un amplio consenso con la mayoría de las fuerzas políticas de Canarias. El tiempo exige cohesión. No desde luego meterse en el fango en que muchos se han instalado y se recrean. Sobre todo porque en España va a conformarse, probablemente, un Gobierno central en minoría, con una debilidad que le obligará a tomar solo las decisiones que le marque la mayoría parlamentaria.

Vivimos en definitiva tiempos difíciles y convulsos pero decisivos y trascendentes para el futuro de Canarias y de España. Y es en estos momentos cuando hay que recordar que la clave de la acción política está en centrarse y defender con sensatez, tranquilidad y sentido común el interés general, y no dejarse llevar por las bajas pasiones de las luchas intestinas y cainitas de los partidos que sustentan el Ejecutivo regional. Es verdad que los socialistas canarios, como los de toda España, están sufriendo un profundo trauma, que con seguridad no contribuye a un lúcido juicio político. Pero aun así, tanto ellos como todos los demás deberían no olvidar que su principal responsabilidad es mantener la cordura, la templanza y la sensatez en la defensa del interés general de Canarias y el de todos los canarios. Si como Clavijo ha declarado todo este barullo solo es ruido, que cese cuanto antes.