Es lo que han hecho los impulsores de la mayor demanda colectiva -125.000 firmas de ciudadanos- presentada hasta ahora en Alemania al impugnar ante su Tribunal Constitucional el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, conocido popularmente por sus siglas de CETA.
A diferencia del tratado equivalente con Estados Unidos (TTIP), en fase todavía de negociación entre Washington y Bruselas, pero al que el presidente francés y el vicecanciller alemán, ambos socialdemócratas, dan ya por muerto, el CETA está ya aprobado y sólo pendiente de ratificación por los parlamentos nacionales.
Y en este caso, el vicecanciller y ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel, se ha empeñado en defenderlo, frente a las fuertes críticas de la izquierda de su partido, por considerar que, tras las modificaciones introducidas, ofrece más seguridades a los ciudadanos y consumidores europeos que el TTIP.
No lo creen, sin embargo, así tampoco las organizaciones no gubernamentales de defensa de los consumidores o de la democracia Campact, Foodwatch y Mehr Demokratie, que han decidido presentar un recurso, el tercero, ante el Constitucional alemán.
Ya antes lo habían hecho políticos del partido de izquierdas Die Linke y otros 68.000 ciudadanos, y esta semana toca a los ocho jueces de Karlsruhe decidir si los argumentos presentados por todos ellos justifican la declaración de inconstitucionalidad de dicho acuerdo comercial.
En el centro de la demanda colectiva de las ONG está el Tribunal de Inversiones, introducido a propuesta del vicecanciller Gabriel como alternativa a los tribunales de arbitraje privados previstos por el TTIP, que sus críticos consideran potencialmente sesgados a favor de los inversores.
El problema es que, diga lo que diga el líder socialdemócrata, el Tribunal de Inversiones del CETA no representa ningún avance substancial, según el análisis del profesor de derecho internacional de la universidad de Colonia Bernhard Kempen, que es quien ha redactado el texto de la demanda colectiva.
En el preámbulo de ese acuerdo se dice expresamente que sus provisiones "protegen las inversiones así como a los inversores con respecto a sus inversiones y con el objetivo de fomentar una actividad económica favorable para ambas partes".
Según el recurso, da igual que se trate de tribunales privados que de un tribunal ad hoc: en ambos casos se establece una especie de justicia paralela frente a la de los Estados nacionales en claro detrimento de la democracia.
En principio, ese tipo de tribunales en materia de inversiones se idearon para proteger a los inversores de eventuales decisiones arbitrarias de regímenes corruptos o poco democráticos, pero luego se fue extendiendo su aplicación a todo el mundo.
En el caso concreto del acuerdo con Canadá ocurre, según sus críticos, que establece la creación de un comité directivo mixto integrado por representantes de las partes firmantes y que está facultado para desarrollarlo eventualmente, modificando anexos y protocolos.
Puede, por ejemplo, lo mismo ampliar que reducir la lista de indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas o tomar decisiones relativas a los derechos de propiedad intelectual.
En él no está previsto que haya representantes de los gobiernos nacionales y, argumentan también sus críticos, Bruselas no puede evitar que dicho comité desarrolle de pronto vida propia y se dedique en un futuro a modificar las provisiones de dicho acuerdo sin que intervengan ni el Gobierno ni el Parlamento alemanes.
A todo esto habría que preguntarse qué votará España si es que su Gobierno lo ha pensado. Y ¿tiene, por otro lado, aquí, la sociedad civil algo que decir?
