Si una abstención extremadamente técnica no lo remedia, siete diputados del PSC romperán hoy la disciplina de voto. En las quinielas, el número total de defecciones oscila entre las doce y las veinte, pero lo que queda de la marca "no es no" pertenece por entero a los socialistas catalanes. Iceta, su líder, es quien ha defendido la prevalencia del sello con más ahínco. Y no por pura lealtad a Sánchez o por estrategia electoral interna (para ganarle las primarias del partido a Núria Parlon), sino porque no le quedaba otra. Abstenerse y que Rajoy salga reelegido, en Cataluña, sería como hacerse el harakiri en las próximas autonómicas; pero esa misma abstención, leída en el contexto de un partido roto y tomado por los barones menos proclives a las asimetrías territoriales, significaría (si además hay sanción para los rebeldes) arrinconar la reforma federal de la Constitución que el PSOE defiende desde la Declaración de Granada de 2013.
Un documento que nació, precisamente, para evitar la ruptura entre el PSOE y el PSC, entonces dirigido por Pere Navarro. Ninguneado por el pujante soberanismo de Mas y sus acólitos, Navarro forzó las cosas hasta lograr que el partido rescatara del olvido su vocación federalista, y en julio de 2013, por unanimidad, los barones aceptaron "reformar el Estado autonómico para salvarlo", dándole un "sentido" federal a la Carta Magna.
El objetivo era doble: orillar el conflicto interno y distinguirse tanto del inmovilismo de Rajoy como de la aceleración referendaria de Mas.
Tres años después, la amenaza de ruptura regresa, y esta vez no por la presión de los soberanistas, sino por la de Rajoy. Tal parece que la operación para defenestrar a Sánchez llevara aparejado el denuesto de la reforma federal de la que él hizo bandera en contra de barones del Sur, el centro y el Norte. Pero si la gestora que ahora rige los destinos del partido-más-que-centenario llevara al extremo su pulsión sancionadora y expulsara, entre otros, a los díscolos catalanes, estaría además dándola por muerta. Esa decisión no sólo conduciría al divorcio que la Declaración de Granada consiguió evitar en 2013 y, en consecuencia, al sorpasso que las urnas no depararon (Podemos se convertiría en el segundo Grupo más numeroso del Congreso); también alentaría al PSC a instalarse sin ataduras en el "derecho a decidir" (aunque no con un referéndum a la canadiense como plan B) y dejaría al PSOE vacío de propuestas para Cataluña. Y todo por no dar libertad de voto a sus diputados ni permitir que once de ellos (alguno se ofreció voluntario) se inmolen para salvarle la cara el partido.
Como la directriz de voto proviene del comité federal, y no del Grupo parlamentario, no cabe el sufragio en conciencia que está bien visto cuando la cosa va de abortos y credos. Para casos de simple y pura repugnancia no hay nada previsto.
