La Ley del Suelo de Canarias es un proyecto determinante para el futuro de las Islas, porque fijará el modelo de desarrollo sostenible que necesitamos y, al mismo tiempo, dará respuesta a los problemas reales de los ciudadanos; fundamentalmente, del sector primero.
La norma acaba de superar en el Parlamento de Canarias dos enmiendas a la totalidad que han ido precedidas, en las últimas semanas, de ataques injustificados por parte de algunos representantes políticos que evidencian en sus declaraciones que han dedicado muy poco tiempo a analizar con un mínimo de rigor el contenido de la norma.
Nunca un proyecto de ley en Canarias ha sido tan debatido como este en su proceso de elaboración. Desde que se inició la redacción del borrador de la ley, en septiembre del año pasado, nos hemos sentado en numerosas ocasiones con la Fecam y la Fecai, con asociaciones, colectivos, colegios profesionales y ciudadanos buscado el mayor grado de consenso y puntos en común, conscientes de que esta esta norma, por su importancia, requería contar con el parecer y la experiencia del más amplio espectro de la sociedad canaria.
Han sido más de 80 reuniones en las que hemos elaborado de manera conjunta el borrador de la ley hasta conformar un proyecto que da respuesta a problemas que venimos arrastrando históricamente y a los que la actual legislación no ha podido dar respuesta. Se ha trabajado con seriedad, buscando el consenso con todos los sectores afectados y el interés común; incorporando lo útil de las leyes actuales y mirando al futuro con soluciones a problemas reales.
Pero, desde que el proyecto de ley saltó a la arena del debate político, el rigor ha brillado por su ausencia. Atónitos hemos asistido, día sí y día también, a declaraciones alarmistas, a un discurso plagado de tópicos y carente de contenido real, que no soportaría el más mínimo contraste con el texto legal.
Mientras unos hablan de "especulación", el proyecto de Ley del Suelo no facilita la clasificación de más suelo urbanizable. Porque no lo necesitamos, porque Canarias ya cuenta con 54 millones de metros cuadrados de suelo en el que se puede construir.
Cuando otros hablan de "desarrollismo", el proyecto de ley establece el principio de primacía de lo rústico, según el cual, todo suelo no urbano ni urbanizable pasa inmediatamente a ser rústico, por primera vez desde 1998.
Y mientras nos acusan de dar "barra libre para el ladrillo", esta ley se preocupa por solventar los problemas históricos del sector primario, eliminando las trabas para que puedan llevar a cabo actividades complementarias, facilitando la profesionalización del sector y su acceso a nuevas tecnologías.
La realidad es que, con la actual normativa vigente, el 76,5 por ciento del territorio de Canarias sigue hoy sin planeamiento adaptado y no podemos seguir estancados, rigiéndonos por unas leyes cargadas de buena voluntad pero que el tiempo ha demostrado que carecen de eficacia real para los problemas reales de cualquier ciudadano de a pie en la actualidad.
El proyecto de Ley del Suelo de Canarias tiene como principio fundamental el respeto a espacios naturales protegidos y uno de sus objetivos es favorecer el desarrollo sostenible, conjugando el progreso de nuestra sociedad con el cuidado del territorio.
Aún nos queda un largo proceso por delante. Debatamos sobre este proyecto de ley que, sin duda, aún puede ser objeto de mejoras con las enmiendas al articulado. Pero hagámoslo con seriedad y con rigor. La responsabilidad de los representantes políticos debe ir más allá del discurso mediático fácil y hueco, de las frases estridentes sin fundamento real.
El futuro de Canarias merece un auténtico debate sobre el contenido de la norma y apelo para ello a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.
(*) Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias
