Los populismos se han generado por las desigualdades sociales cada vez más crecientes que están ocasionando la globalización y la crisis financiera, y tienen en común la demagogia y el odio que divide a los pueblos en los que se pueda implantar. Pero hay una sustancial diferencia entre el populismo ultraderechista y el populismo ultraizquierdista. No han cuestionado nunca las instituciones republicanas ni Donald Trump ni Marine Le Pen. Sería impensable que si ésta llega a formar gobierno en Francia, vaya a abolir la Constitución francesa de la V República para reconocer el derecho a la autodeterminación de alguna región de la Francia jacobina, o imponer por la fuerza, como Hitler, una dictadura ignominiosa. Personalmente pienso que el triunfo electoral de Trump no va a cambiar radicalmente la política interior de los EE UU, porque el ejercicio del poder moderará muchas de sus propuestas electorales, y porque, por mucho poder que tenga el presidente, la Constitución americana, la más antigua del mundo (1787), "el instrumento más maravilloso jamás creado por la mano del hombre" (Johnson, juez de la Corte Suprema, 1823), arbitra una serie de contrapoderes que limitan y controlan el poder de la Casa Blanca.

Durante toda la campaña electoral de Trump, en ningún momento cuestionó la unidad territorial de la Federación USA, ni, a pesar de sus exabruptos, se le pasó por la cabeza modificar la bicentenaria Constitución americana para reconocer el derecho a la autodeterminación de California o Texas, que fueron estados independientes, como antes las 13 colonias británicas que se unieron en una Confederación, hasta que en 1850 y en 1848 se adhirieron, respectivamente, al Estado Federal de la Unión. Los padres fundadores establecieron la Constitución de los Estados Unidos "para formar una unión más perfecta", pero no establecieron el derecho a marcharse. Como explicó el presidente Abraham Lincoln en su primer discurso inaugural en 1861, "considerando la ley universal y la Constitución, la unión de estos estados es perpetua". En los años siguientes (1861-1865), 600.000 americanos murieron en una guerra civil larga y sangrienta que reivindicó el principio de que la Constitución establece una unión permanente entre los estados. Y poco después de acabar la Guerra Civil, la Corte Suprema confirmó que "la Constitución, en todas sus disposiciones, vela por una unión indestructible compuesta por estados indestructibles".

El populismo griego, frustrado por no respaldar la UE su política social y económica, jamás cuestionó la unidad territorial de Grecia, ni su bandera nacional, blasonada en todos sus actos públicos, ni derogó la costumbre de que su gobierno tomara posesión ante las autoridades de la iglesia ortodoxa griega. Tampoco cuestionaron nunca la unidad de España ni el PCE ni el PSUC. El único populismo, pretendidamente izquierdista, que defiende el derecho a la autodeterminación, solapado con el eufemismo del "derecho a decidir", es el de Podemos de Pablo Iglesias que, además, considera a España como "Nación de Naciones", como también sostienen, entre otros socialistas, Pedro Sánchez y Iceta, que no ha articulado su proyecto federal, ni tampoco ha explicado la inviabilidad de la "vía canadiense" que propugna, que al igual que el referéndum, jamás sería aceptada por la minoría catalana independentista, si no tiene la mayoría cualificada exigida por la Ley de la Claridad canadiense. Ni el País Vasco, ni Cataluña, que pertenece a España desde hace 535 años y antes al reino de Aragón durante nueve siglos, han sido jamás una Nación, como han demostrado los grandes historiadores que se han ocupado de estudiar en profundidad el enigma histórico de España: Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, e intelectuales como Azaña, Ortega, Gregorio Marañón y Laín Entralgo, entre otros, como los historiadores Álvarez Junco y el catalán Gabriel Tortella con 4 autores catalanes más, en sus recientes libros. Los nacionalistas independentistas catalanes, que no son la mayoría, nunca aceptarán más vías que la de la independencia, ni siquiera el Estado Federal, del que son declarados enemigos. Lo ha confirmado Ferrán Requejo, ideólogo del independentismo catalán: "No hay puentes ni terceras vías entre Cataluña y España. Todos han sido volados".

El derecho a la autodeterminación externa, esto es, a la secesión o a la independencia, no tiene cabida en el marco constitucional, que no se puede reformar sin el apoyo del Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado. El art. 2 de la Constitución de 1978 la fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, al igual que el art. 40 del proyecto de Constitución Federal de la I República española del socialista catalán Pi y Margall, que sólo consideraba a España como Nación, y ni siquiera como nacionalidad. La Comisión Constitucional en la que se discutió el Título VIII de la Constitución rechazó por todos sus miembros la enmienda que pretendía la introducción en dicho Título del derecho de cualquier Comunidad Autónoma a la autodeterminación entendida como secesión, propuesta por Letamendía, diputado de HB, con la excepción del diputado del PNV Marcos Vizcaya, que defendió su voto afirmativo "como tal derecho retórico", pero que no deseaba que tal derecho se incluyese en la Constitución. Ninguna Constitución democrática del mundo, ni siquiera la bicentenaria Constitución Federal de los Estados Unidos, ni la de la Confederación Helvética, reformada en 1947 como Estado Federal, reconocen el derecho a la autodeterminación externa o secesión. Tampoco tiene cabida la autodeterminación de Cataluña en los tratados de la Unión Europea, como ha demostrado el catedrático de Derecho Internacional Manuel Medina Ortega en su reciente libro El derecho de secesión en la Unión Europea, ni en el derecho internacional, que sólo la ha contemplado en los procesos de descolonización al amparo de las declaraciones de la ONU sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960, con los Pactos Internacionales de 1966. En el caso de que se llegara a producir la independencia de una parte del territorio de uno de los estados miembros de la Unión Europea, ésta se vería obligada a seguir el procedimiento de admisión previsto en los tratados que requiere la unanimidad de los estados miembros, incluido el voto del Estado matriz.

Cicerón advirtió sobre Catilina: "No faltan en este lugar quienes no ven peligros inminentes, o viéndolos, hacen como si no los viesen". Lo mismo ocurre hoy, donde hay quienes no ven o no quieren ver el peligro grave del populismo de Podemos si llegara al gobierno, el único partido político que en la historia de España la ha considerado nación de naciones, a quienes se le reconoce el derecho a la autodeterminación, lo que conduciría de nuevo al desastre del cantonalismo y al finis hispaniae, en un momento en que la Generalitat promueve un proceso independentista, en el que se ha fijado referéndum para 2017, y ha apoyado a los que han cometido delito de desobediencia grave a las resoluciones judiciales, que no son las más eficaces para combatir políticamente el independentismo, que tampoco se podrá impedir con el diálogo o la negociación, sino con las medidas políticas que la Constitución arbitra, que deben ser fuertes para no tener que ser violentas ni cruentas, como en octubre de 1934, en que el gobierno declaró el estado de guerra ante la rebelión militar de la Generalitat contra la República. Como dijo el presidente Negrín en el Consejo de Ministros en Pedralbes, en noviembre de 1938: "En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de adentro".