27 de noviembre de 2016
Editorial

Rigor, responsabilidad y excelencia en la universidad

27.11.2016 | 00:41

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está inmersa en un proceso electoral que le permitirá contar en breve con un nuevo equipo rectoral. La próxima semana tendrá lugar la segunda vuelta para culminar una renovación que no ha estado exenta de polémica y ha dejado innecesariamente en evidencia a una institución clave de nuestra sociedad. El inicial recuento equivocado realizado por la Junta Electoral -otorgando menos votos a dos candidatos y más al tercero en liza-, y sobre todo la tardanza de cinco días en rectificar pese a las reclamaciones, resultan cuando menos sorprendentes, bochornosas e injustificables para una institución de este nivel académico, donde se exige rigor, calidad e innovación.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no había vivido una situación así en sus casi tres décadas de existencia, una trayectoria aún corta pero intensa que ha sido posible gracias al esfuerzo de una buena parte de la sociedad canaria. Muchos de los docentes y restantes miembros de esta comunidad universitaria no han escondido estos días su preocupación por las tensiones creadas en torno a cómo se ha gestionado este proceso electoral. Es de esperar que el nuevo rector que salga al final elegido dé paso a un tiempo de unidad y sosiego, porque los retos que tiene ante sí el nuevo equipo son elevados y complejos.

En primer lugar, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, que eligió nuevo rector el pasado año, siguen soportando un problema importante de financiación. En la presentación de los presupuestos del próximo año que tuvo lugar esta semana en comisión parlamentaria, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, reconoció que al sistema educativo canario -universitario y no universitario- le faltan al menos 250 millones de euros para cubrir de forma óptima sus necesidades más inmediatas. De los 1.547 millones del presupuesto educativo total, las universidades canarias recibirán 216 millones, tan solo 4,4 millones más que el pasado ejercicio. La cantidad no permitirá cerrar los contratos programas pendientes para dotar de más recursos a la ULPGC y la ULL. Tampoco cubrir en los niveles no universitarios la escasez de personal, el escandaloso deterioro de algunos centros o el impulso a la Formación Profesional, imprescindible para sacar a la población joven de las Islas de las listas del paro.

La realidad es que el sistema educativo canario lleva años retrocediendo y seguirá en esta situación de precariedad hasta que no concluya la reforma del actual modelo de financiación estatal, previsiblemente a finales de 2017 y por tanto para su inclusión, como pronto, en los presupuestos de 2018. En este marco, las universidades públicas tienen que afrontar otros desafíos, que tienen que ver con su adaptación a los cambios vertiginosos que ha traído consigo la globalización y digitalización. Adaptar la formación académica a las necesidades reales de la nueva economía no está siendo ni va a ser tarea fácil. Requiere modificar hábitos pedagógicos, cambiar inercias de gestión y, sobre todo, conectar a la universidad con el mundo empresarial y la sociedad a la que pertenecen.

Las iniciativas encaminadas a impulsar esta conexión entre los ámbitos académico y socioeconómico no terminan de cuajar en Canarias, mientras están ya consolidadas en otros países de referencia. La cultura de establecer cátedras y alcanzar convenios con el empresariado de las Islas para garantizar la contratación de un mayor número de egresados tiene que terminar de implantarse en las Islas, porque es la única garantía de una recuperación económica y social sólida. El propio rey Felipe VI acaba de reclamar mayor inversión pública y privada para apoyar la investigación, que es una prioridad para cualquier país o región que aspire a las más altas cuotas de excelencia. De este modo, las universidades españolas en general, y canarias en particular, podrán subir puestos en los ranking de calidad internacionales y nacionales.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna afrontan, en definitiva, años decisivos para reconvertirse y adaptarse a los tiempos que vienen. Necesitan apoyo económico y social y, sobre todo, equipos rectores capaces de fortalecerlas y ganarse la representatividad que les corresponde como instituciones líderes de la sociedad civil. Y no confusión, arbitrariedad y desconcierto como en el recuento de votos en la primera vuelta de las elecciones para elegir el nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

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