La ley antitransfuguismo, vigente desde 2011, se cierne sobre el gobierno tripartito del Cabildo de Gran Canaria como una amenaza ante la posible expulsión de Juan Manuel Brito de su partido, Podemos. Si se diera y Brito decidiera permanecer como consejero insular, tendría que pasar al grupo de los no adscritos y no podría formar parte del gobierno ni percibir su sueldo. Preguntado por el tema, Morales le quita hierro y dice estar tranquilo.