Una vez logrado el acuerdo para investir al Presidente, y formado el Gobierno, sería muy deseable que se alcanzase un pacto entre los miembros del Congreso en materia de educación: un acuerdo que diera estabilidad y continuidad, de una vez por todas, a la Ley de Educación. No parece fácil, pues las posturas de los distintos grupos están enfrentadas, con visiones muy dispares sobre el hombre y su papel en la sociedad, o sobre la configuración de la sociedad misma. Consensuar unas normas de tan gran calado parece imposible. Aquí no se podría aplicar aquello de que "en educación se puede demostrar una cosa y su contraria", porque este aforismo sólo sirve para temas periféricos: los deberes en casa, el uniforme en los centros de enseñanza, el deporte de los alumnos, u otros, que tanto tiempo hacen perder a los profesores y a las Ampas cuando tratan de elaboran el reglamento de los Centros. En la discusión de esos asuntos menores, una vez expuestos los diversos puntos de vista de profesores, padres y alumnos, lo razonable es que se haga una votación, una solución democrática y que demuestra un gran sentido práctico. Ahora bien, cuando se trata de diseñar las líneas de fondo de todo el sistema educativo ¿se puede confiar única y exclusivamente en la fuerza que en la negociación dan los votos recibidos en las urnas? Difícil por insuficiente.
