A los pocos días de formarse el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció un nuevo enfoque institucional para afrontar el conflicto secesionista en Cataluña (bautizado como "Operación Diálogo"), con los objetivos de hacer visible la presencia del Ejecutivo en la zona y destensar las relaciones con el Govern catalán. Tras su reunión con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el diálogo está muy verde (siendo generosos).
Pese al tono cordial y la voluntad de desencallar 45 medidas solicitadas por Carles Puigdemont, presidente catalán, la medida 46 se constituye como obstáculo insalvable para ambas administraciones: la petición de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Una cuestión que no está sobre la mesa, para el Gobierno y asunto básico para el Govern de Junts pel Sí, decidido a celebrarlo el próximo septiembre (con o sin permiso).
Para añadir más confusión está el papel de la CUP, la izquierda anticapitalista que sostiene a la Generalitat, que en unos días deberá dar (o no) su apoyo definitivo a los Presupuestos catalanes. Una condición básica, según Puigdemont, para llevar adelante el referéndum unilateral (algo a lo que sí parece decidido, una vez ya ha advertido que no será presidente dentro de un año).
En caso de aprobarse las cuentas catalanas, el escenario entraría en una dinámica de confrontación plena: los independentistas se volcarían en una precampaña por el Sí a la independencia, mientras tramitan las denominadas leyes de desconexión... y la patata caliente pasaría al Gobierno, habida cuenta que Soraya Sáenz advirtió a Junqueras que haría todo lo posible para evitar la consulta. La incógnita es ver en qué consistiría ese impedimento (¿suspensión de la autonomía?) y en saber cuál sería la reacción independentista posterior.
