La familia real española debe saber que está un poco de prestado, por no decir que en precario. La ampara la Constitución, pero hasta el propio Rey sabe que hay un aliento republicano que, aunque no lo va a destronar, le va a exigir un plus de profesionalidad, que es lo mismo que decir que está siendo observado con lupa. Juan Carlos I se saltó el precepto y acumuló tantas divergencias que adquirió el rango de inaceptable: aceptó el mandato de pasar a emérito e intentar que la vajilla de sus servicios a la Transición no saltase hecha añicos. ¿Qué ha ocurrido con la infanta? A tenor del desenlace de su destrucción junto a Iñaki Urgandarin y sus ilegalidades para amasar una fortuna, debe considerarse que doña Cristina ni pensó en la debilidad del trono familiar ni parece que nadie se esforzó en transmitirle la necesidad del plus de profesionalidad para con sus paisanos. Ha sido y es una infanta fatal: entró en estado de imbecilidad ante los ambiciosos (y después delirantes) logros de su marido, y se ha trabajado a conciencia lo de llevar al fango la credibilidad de la monarquía. Su hermano tuvo que quitarle a golpe de BOE el título de duquesa y se resiste, pese a los requerimientos familiares, a renunciar a los derechos dinásticos. La restauración monárquica no tiene más remedio que trabajárselo día a día para mantener a flote la empresa, que le cuesta dinero al Estado, una asignación anual. Y en ello, repito, está expulsar por los poros la ética más alta. La infanta ha sido absuelta y se instalará en una jaula dorada en Portugal, desde donde su abuelo naufragó entre esperanzas y conspiraciones contra Franco. Pero escapar de la condena no amortigua nada: doña Cristina ha sido una verdadera fatalidad para su familia, ha reventado el consejo de administración con una verdadera opa salvaje a favor de sus querencias.
