Se acuerdan ustedes de las revelaciones periodísticas según las cuales Luxemburgo dio durante años un indecente trato de favor fiscal a las multinacionales extranjeras siempre en perjuicio de sus socios comunitarios?
¿O los papeles de Panamá, aquella otra filtración informativa que permitió conocer cómo un despacho de abogados del país del istmo americano ayudaba a empresas y riquísimos particulares a evadir impuestos mediante la creación de sociedades ficticias?
El hoy presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no quiere hoy saber nada de la competencia desleal de su pequeño país en la época en que ocupaba la jefatura del Gobierno luxemburgués.
Un comité del Parlamento de Estrasburgo encargado de investigar prácticas como el blanqueo de dinero y la evasión o la elusión fiscales sigue tratando de arrojar alguna luz sobre las mismas.
Pero, según cuenta la prensa alemana, los eurodiputados que integran ese comité tropiezan con continuos obstáculos en sus pesquisas.
"La evasión fiscal sigue sin ser delito en Luxemburgo", se queja por ejemplo el eurodiputado de los Verdes Sven Giegold, uno de los miembros de la cámara que más están haciendo por pedir cuentas.
Luxemburgo ha logrado que se posponga la aplicación de un acuerdo al que llegaron más de 60 países de la OCDE sobre medidas destinadas a combatir la llamada "optimización fiscal" de las empresas: es decir, sus intentos de pagar el mínimo de impuestos.
Según el semanario Der Spiegel, no será hasta el año 2022 cuando se obligue a las multinacionales a pagar en Europa los que realmente corresponden a sus multimillonarios beneficios. Y hasta entonces pueden pasar muchas cosas.
Luxemburgo no está en cualquier caso solo en esas tácticas obstruccionistas sino que cuenta con la complicidad del país que votó por abandonar la Unión Europea: la Gran Bretaña de Theresa May.
Funcionarios del ministerio de Asuntos Exteriores germano confesaron su frustración por todo ello al citado semanario.
Es impresionante, señalan, cómo los gobiernos de la UE hacen declaraciones públicas en favor de una reforma integral y coordinada de la normativa tributaria internacional pero hacen luego otra cosa en privado.
No resulta por tanto sorprendente que el también eurodiputado alemán Fabio de Masi, del partido alemán Die Linke (La Izquierda), se muestre de lo más escéptico sobre la posibilidad de que alguno de los paraísos fiscales de relieve acabe un día en la lista negra.
