Dos de los principales factores que explican por qué crecen económicamente los países son la calidad de las instituciones que los rigen y su capacidad para gobernar. Pero contra ambos conceptos la corrupción se erige como una amenaza creíble, que debilita el sistema y la credibilidad de las instituciones. Más concretamente, la corrupción genera efectos negativos en el sistema político, económico y social y, lo que puede ser más relevante, en la confianza de los ciudadanos en las instituciones que les gobiernan.
Por todos estos motivos, minimizar los problemas derivados de la existencia de corrupción en un país conllevará para este la obtención de mejores resultados en estos términos.
Pero, ¿qué es la corrupción? Una definición muy simple, utilizada por organismos como Transparencia Internacional, nos llevaría a que esta es el mal uso del poder que se le ha concedido a alguien, quien lo aprovecha para su beneficio privado. Sobornos, fraude, extorsión, nepotismo, apropiación de recursos, uso ilegal de fondos públicos, etc, son ejemplos de lo que podemos considerar como corrupción.
Se podría refinar este reconocimiento de actos ilegales y moralmente condenables, recurriendo a la diferenciación entre la corrupción burocrática y la política. La primera sucede cuando un funcionario o empleado público, en el ejercicio de sus funciones, realiza una acción con el objetivo de obtener un rédito personal. En el caso del político, este puede no solo realizar lo anterior, sino también ejercer sesgadamente su actividad.
Entre ambos tipos de generadores de corrupción hay una diferencia notable: la meritocracia. Aunque no existen datos al respecto (hasta donde conocemos), los incentivos de los empleados públicos y funcionarios a corromperse deben ser menores que la de los políticos, por cuanto la mala praxis de los primeros les conduciría a la pérdida del empleo obtenido a partir de la evaluación de sus méritos, independientemente del mecanismo realizado. Pero el político no accede (necesariamente) por el camino de la evaluación de su esfuerzo y valía profesional de forma competitiva.
Cabe, entonces, plantearse qué puede hacer un país para reducir la corrupción y, consecuentemente, los efectos derivados de su existencia. En términos generales, podemos resumir tres formas de minorar los niveles de corrupción, del tipo que fuere: educación, transparencia y sanción.
Sobre la primera, existe una clara relación entre mejores niveles de educación de un país y menores niveles de corrupción del mismo (que no su ausencia). Por tal motivo, invertir en educación aumentará las probabilidades de sociedades más limpias en este sentido, en el futuro.
Respecto a la transparencia, la necesidad de rendir cuentas, aplicada sobre todo a los servidores públicos, fortalece las instituciones y la confianza que los ciudadanos tienen sobre ellas.
Y una tercera vía es la existencia de un mecanismo sancionador ejemplarizante, que puede constar de dos sistemas complementarios: el tradicional, derivado de un sistema judicial eficiente; y la política, para el caso de ese tipo de corrupción, a partir del castigo en las urnas a los políticos corruptos.
Sobre el primero, y a la vista de las amplias diferencias en las decisiones sancionadoras en los casos de corrupción de los últimos tiempos, no somos capaces de aportar ningún raciocinio a los resultados ya conocidos. La heterogeneidad en las sentencias implica casi de forma natural las dudas que sobre la igualdad ante la Ley exhiben muchos ciudadanos.
Pero es sobre el único mecanismo en el que los ciudadanos pueden incidir directamente donde quisiéramos ahondar en su análisis.
Sobre el castigo a los políticos corruptos en las urnas se ha evaluado que, a nivel nacional, la corrupción reduce débilmente el porcentaje de votos obtenidos por el político que está en el poder, y en la mayoría de los casos no impide que sea reelegido. Algunos trabajos académicos de los 80 y 90 mostraron cómo más del 65% de los políticos implicados en un caso de corrupción en Estados Unidos y Japón fueron reelegidos.
A nivel local, los estudios que se centran en el caso español han sido relativamente recientes y prolijos. Destacamos tres trabajos con resultados notables.
Fernández-Vázquez y Rivero (2010) utilizan datos de 740 municipios de Andalucía durante el periodo 2003-2007. Sus estimaciones apuntan que un partido afectado por corrupción puede incluso tener mejores resultados que un partido honesto si sustituyen al político actual por un candidato nuevo. Según los autores, "la corrupción es, incuestionablemente, indeseada por los votantes, a menos que ellos se beneficien directamente de ésta".
Por otra parte, hay estudios que demuestran lo contrario como el de Costas-Pérez y otros (2012). Los autores trabajan con datos de corrupción local en España en el periodo 1999-2007 y obtienen que la pérdida media de votos debido a un escándalo de corrupción es del 4% aproximadamente, pudiendo llegar hasta el 14% si el escándalo fue cubierto por los medios de comunicación. Por tanto, la difusión y conocimiento de las noticias sobre casos de corrupción por parte de los medios de comunicación genera un efecto de mayor castigo en el voto.
En Jiménez y García (2016) se analizan los casos de corrupción local que han tenido lugar en municipios españoles desde 1999 hasta 2011. Los escándalos que se han tenido en cuenta son únicamente aquellos en los que el acusado ha sido imputado por un juez. De sus resultados se extrae que, por una parte, comparando municipios corruptos con municipios no corruptos de similares características, la existencia de corrupción en un municipio aumenta la abstención, votos blancos y votos nulos en conjunto, en 1,8 puntos porcentuales. La segunda conclusión, y quizás la más preocupante, es la existencia de efectos partidistas en el voto. Mientras que los votantes del PSOE castigan a su partido por sus casos de corrupción reduciendo los votos alrededor de 2 puntos porcentuales, los votos del PP no solo no disminuyen cuando existen casos de corrupción por parte de dicho partido, sino que aumentan entre 2 y 4 puntos porcentuales.
En resumen: se castiga débilmente a los corruptos en las urnas, o incluso la lealtad de los votantes conlleva a un premio en términos de cuotas de voto.
Si atendemos a la relación negativa entre corrupción y desarrollo de un país, avanzar puede depender en parte de nosotros mismos. La batalla contra la corrupción política puede ganarse, a pesar de vivir en un país donde hasta la monarquía ha sido juzgada y penada. En nuestras actuaciones está: siendo honrados en nuestra labor profesional, penalizando socialmente a quienes son corruptos y sobre todo castigándolos a través del voto.
