Es el grito que se escucha en las calles de algunas ciudades españolas desde hace varias semanas. La explicación no deja lugar a dudas. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el tributo más injusto e inmoral de los muchos que se pagan en nuestro país. Y lo es porque infinidad de ciudadanos se están viendo obligados a renunciar a las herencias de sus difuntos porque no pueden hacer frente a los importes impositivos que les reclaman las diversas haciendas. Pertenecer a la clase baja, media o alta es indiferente. Ni siquiera los muertos se libran de continuar apoquinando, después de haber trabajado toda una vida con intención de dejar a sus familias unos pocos bienes.

Estas protestas, tan airadas como cargadas de razón, están encabezadas por contribuyentes cuya única petición consiste en que los políticos de turno dejen de meterles la mano en el bolsillo, habida cuenta además la manifiesta desigualdad que se refleja en función de la Comunidad Autónoma de referencia. En cuestión de atracos, Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón se llevan la palma. Por ello, la presidenta andaluza, Susana Díaz, se quejaba recientemente de la baja tributación que ofrecía en esta materia la Comunidad de Madrid, sabedora de que cada vez son más sus paisanos que, como sucede en otras regiones saqueadas, deciden trasladar su residencia a la capital de España. La solución que propone la mandataria socialista consiste en armonizar al alza este tributo en todo el territorio nacional y así frenar la fuga de su población, pero a costa de disparar la fiscalidad del resto de los habitantes del Estado.

Ni que decir tiene que los afectados por la medida rechazan semejante propuesta. Solicitan, por el contrario, que sean esas autonomías que mantienen unos niveles tan elevados de presión fiscal las que los bajen o, incluso, los eliminen, tal como ha hecho Madrid. Es el caso de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones, que se presenta como un movimiento social y sin colores políticos. Con el lema "Es tu herencia, lucha por ella" y al citado grito de "Impuesto de Sucesiones, impuesto de ladrones", son multitud los hombres y mujeres de las ocho provincias del sur que apoyan esta iniciativa. Visto lo visto, y para mayor muestra de expolio institucional, la Junta ya se ha curado en salud para que las donaciones en vida cuesten casi lo mismo, aplicando al catastro un valor corrector que incremente la suma.

Por supuesto, esta no es la única campaña que se está llevando a cabo. También están gestionándose recogidas de firmas a través de Change.org para idénticas exigencias en todos los territorios. Por su repercusión mediática, cabe mencionar el sangrante testimonio de Clavelina García, una señora asturiana de 82 años que heredó un piso de su hermano valorado en 300.000 euros, por el que le comunicaron que debía abonar el escandaloso importe de 80.000. No me sorprende que afirme que, si tuviera medios para abandonar el Principado, lo haría. Pero no los tiene. Según la combativa anciana, los dirigentes sólo están consiguiendo que su provincia pierda población y calidad de vida y que sus paisanos estén cansados y pensando en cambiar de aires. En su opinión, que comparto plenamente, supone un trato abusivo por parte de los gobiernos, después de toda una existencia de esfuerzo y ahorro por parte de sus administrados.

En definitiva, se solicita la eliminación hasta el tercer grado de parentesco (es decir, de tíos a sobrinos) de un impuesto que no tiene razón de ser. Es evidente que, para cuando se hereda un inmueble de padres a hijos, ya se ha pagado más que de sobra por él a lo largo del tiempo. ¿En qué cabeza cabe que no sea posible aceptar la herencia de los progenitores porque salgan más caras las cintas que el manto? No cabe mayor tristeza. Es el mundo al revés.