El gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria no estuvo a la altura de las circunstancias con su personal cuando permitió que las multinacionales Saur y Valoriza trataran de despellejar en los juzgados al técnico al que el gobierno anterior encomendó la intervención de Emalsa. Los jueces mandaron parar y se archivaron las falsas acusaciones. A Saur y Valoriza tampoco les han gustado las conclusiones de los técnicos que han hecho un informe para el gobierno actual. Y van a por ellos.
