Las principales líneas argumentales de las defensas en el caso de Las Teresitas fueron dos, repetidos por amigos, conocidos, mascotas y demás animales. Muy sintéticamente: el primero, que no existían pruebas de enriquecimiento ilícito; segundo, la imposibilidad de demostrar una conspiración a que obligaba a la participación cómplice de gobernantes municipales, políticos de la oposición y funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El primer argumento siempre se me antojó débil porque, en efecto, para ser condenado por un delito de malversación de fondos públicos (según el Código Penal) no es imprescindible demostrar que el acusado se lucró en la operación. De hecho fueron enviadas comisiones rogatorias a varios países, en Europa y Latinoamérica, para investigar supuestos rastros de dinero y jamás se encontró evidencia de enriquecimiento ilícito de Miguel Zerolo y Manuel Parejo. Aunque la normativa legal es muy clara -se puede ser condenado por malversación aunque no te quedes un euro: el delito está en los recursos sustraídos de las arcas públicas en beneficio de terceros- hasta cierto punto esta circunstancia obligó a la Fiscalía Anticorrupción a trabajar en demostrar que existió una voluntad planificada y consensuada para comprar el frente de playa a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia a un precio demencial. Y lo consiguió.

Lo que deja patente (y brillantemente) la investigación de Anticorrupción es que no resultó imprescindible para alcanzar los objetivos de la compraventa el concurso del secretario del ayuntamiento, ni del interventor, ni de los concejales de la oposición, a fin de completar un latrocinio que la autoridad judicial cifra en unos 40 millones de euros. Una vez desentrañada la madeja de contactos, mentiras, falsificaciones, intervenciones, filtraciones, reuniones, recados, simulaciones y falacias queda claro que bastó la acción concertada de media docena de personas, lo que multiplica tanto la alarma por la maleabilidad de los procedimientos administrativos y la fragilidad de los controles como la decepción (política y moral) por el comportamiento de los autores.

Previsiblemente Coalición Canaria purgará largamente la sentencia. Su defensa (activa y pasiva) de Zerolo se prolongó más allá de cualquier prudencia razonable. Pero cabe destacar que se ha condenado a Zerolo y Parejo y a ningún otro político, ni de CC, ni del PSOE, ni del PP. Es normal que la izquierda -y particularmente los socialistas- celebre las condenas. Fue el PSOE -aunque inicialmente enmascarado bajo el colectivo Ínsula Viable- quien llevó el asunto a los tribunales en defensa del interés público. Pero ni los resultados de la investigación de Anticorrupción ni las condenas autorizan a hablar de una "trama de CC". No se ha encontrado participación ni intervención digna siquiera de sospecha de ninguna otra administración pública. No consta ni remotamente ninguna referencia a sobornos o mordidas a favor de otros dirigentes o militantes o en beneficio de CC como fuerza política. La gravedad de los delitos es ya suficientemente indignante y escandalosa, pero obviamente la tentación de transformar, relatar y difundir el caso de Las Teresitas en una causa general contra Coalición Canaria es irreprimible y se empleará en las próximas semanas y meses con fruición.